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La comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia se reunirá este martes a las 16 en el anexo del Senado. El encuentro, que se desarrollará a puertas cerradas, será el primero bajo la presidencia del diputado de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja. Los legisladores buscarán establecer un plan de trabajo y abordar los temas pendientes acumulados por el cuerpo.
La conducción de la comisión se definió tras negociaciones internas en el oficialismo y sus aliados. Pareja asumió la presidencia, mientras que la vicepresidencia primera quedó en manos del senador del PRO, Martín Goerling. En tanto, la vicepresidencia segunda fue reservada para Unión por la Patria, espacio que deberá designar a su representante en esta primera sesión.
Composición y tensiones políticas
El cuerpo parlamentario quedó integrado por catorce miembros. El oficialismo cuenta con los diputados Sebastián Pareja, Gabriel Bornoroni y César Treffinger, junto a los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche. Unión por la Patria está representado por los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez. El PRO sumó a Goerling y a Cristian Ritondo, mientras que la Unión Cívica Radical cuenta con el senador Maximiliano Abad. Completan la nómina las senadoras Edith Terenzi y Carolina Moisés, esta última integrante de Convicción Federal tras su alejamiento del interbloque del PJ.
La conformación definitiva de la bicameral generó discrepancias debido a los reclamos de proporcionalidad planteados por la primera minoría del Senado, que objetó el criterio de distribución de las bancas asignadas a la oposición.
Temas pendientes sobre la SIDE
La comisión, encargada de fiscalizar las actividades y el destino de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), retoma su actividad con expedientes clave sin resolver. Entre los puntos principales se encuentra el rechazo previo al Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y una serie de requerimientos por escrito que aún no fueron respondidos por el organismo que conduce Cristian Auguadra.
Asimismo, los legisladores prevén analizar el impacto del DNU 941/2025, emitido a fines del año pasado, el cual introdujo reformas a la Ley de Inteligencia y otorgó facultades específicas para la aprehensión de personas en situaciones de flagrancia o por requerimiento judicial. La medida había recibido cuestionamientos de diversos sectores políticos en su momento, motivando presentaciones ante la Justicia que posteriormente fueron desestimadas por los tribunales.
