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Tras la reciente resolución de la Corte Suprema que revocó el fallo de inconstitucionalidad sobre el artículo 154 del DNU 70/23, el Poder Ejecutivo nacional busca bajar la tensión y diseña alternativas políticas para preservar la norma clave de desregulación económica.
En los despachos oficiales evalúan utilizar la reapertura del debate como un marco para profundizar el diálogo con los bloques parlamentarios afines en el Congreso de la Nación.
La estrategia que cobra fuerza dentro de la administración central apunta a vincular la discusión de la norma sobre tierras con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa que cuenta con media sanción del Senado y aguarda tratamiento en la Cámara de Diputados.
La intención oficial es acordar modificaciones en el articulado técnico junto a las bancadas aliadas para asegurar el respaldo al decreto diseñado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Maniobras en el Congreso y cautela en los pasillos oficiales
Dentro del oficialismo coinciden en la necesidad de desligar la controversia sobre el régimen de tierras del texto general del DNU para evitar que la oposición capitalice el debate en el recinto. En ese esquema, la posibilidad de introducir cambios en la Cámara baja obligaría a que el proyecto regrese en segunda revisión a la Cámara Alta, funcionando como una herramienta para consolidar apoyos parlamentarios y sostener la estructura normativa que el Ejecutivo considera fundamental.
A pesar del entusiasmo en algunos sectores parlamentarios, en distintos despachos del Poder Ejecutivo prima la prudencia sobre el alcance del pronunciamiento judicial. Funcionarios del área legal remarcan que la decisión del máximo tribunal respondió a cuestiones procesales de legitimación activa vinculadas a la presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, por lo que la cuestión de fondo aún no fue dirimida definitivamente.
Con la agenda institucional dividida entre los compromisos internacionales de la comitiva presidencial y la actividad en Buenos Aires, el bloque oficialista deberá definir los pasos a seguir en las próximas jornadas para afianzar los consensos necesarios y garantizar la estabilidad del esquema normativo en el Congreso.
