Muerte de Yamila Chávez: Se armó una junta médica en medio del reclamo familiar por justicia

En el marco de la investigación penal por el fallecimiento de Yamila Chávez, ocurrido el pasado 31 de mayo en la Maternidad de Alto Comedero, se conformó una junta médica ordenada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas. La familia de la joven reclama prorrogar los plazos, sumar pericias y analizar el caso bajo la perspectiva de la violencia de género, obstétrica e institucional.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) comunicó este viernes la designación de los peritos médicos oficiales, Laura Ana Laura Molina y Pedro Bernabé Guzmán, para integrar la junta médica que analizará el desempeño profesional y la documentación clínica del caso. Las partes fueron notificadas para proponer sus peritos de control y puntos de pericia: la querella designó a José Javier Guzmán, mientras transcurren los plazos procesales para que las defensas hagan lo propio.

Demoras e irregularidades

En declaraciones a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Mariela Suárez, tía de Yamila Chávez, habló con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) desde la vereda de la fiscalía: «Nos concentramos aquí porque hicimos la presentación de un escrito autónomo solicitando que se haga la investigación con perspectiva de género, porque consideramos que hubo violencia obstétrica y violencia institucional», explicó.

Además, la familia de Yamila pide que se extienda el plazo de la investigación penal preparatoria, que vence en 20 días, porque hace apenas una semana tuvieron acceso al video secuestrado en la maternidad. Según relató la tía, ese material revela discrepancias respecto a lo asentado en el legajo médico: «Al observar el video vemos que hay muchísimas contradicciones con la historia clínica. No coinciden los horarios ni las actuaciones del personal. Esperamos que se investigue todo lo ocurrido en el quirófano y si los médicos estaban prestando servicio como debía ser».

En las presentaciones ante la Fiscalía, la querella denuncia inconsistencias en el expediente, como por ejemplo la incorporación de un electrocardiograma que pertenece a un paciente masculino dentro del legajo de la joven, una situación que ya habían planteado dos meses atrás, sin recibir respuesta.

Por otro lado, quieren que se investigue si hubo demoras en la transfusión de sangre a la paciente y se verifiquen anotaciones en la historia clínica que no se corresponderían con lo que se constató en el cuerpo de la joven.

También solicitan que se cite a declarar a dos personas consideradas clave que presenciaron la atención en quirófano: una médica y un personal de maestranza.

Tras la audiencia realizada ante la jueza Felisa Barrios, en la que la Fiscalía aportó palabras clave para el peritaje de los teléfonos celulares de los profesionales imputados, la familia solicitó incorporar además el rastreo por geolocalización de dichos dispositivos.

Los hechos y las imputaciones

Yamila Chávez, de 29 años, falleció el pasado 31 de mayo en la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” del Hospital Carlos Snopek de Alto Comedero. Según denunciaron sus familiares y consta en la causa, la paciente acudió al centro de salud con un cuadro de embarazo ectópico que no había sido detectado ni intervenido a tiempo, lo que leprovocó una severa hemorragia interna que derivó en su deceso.

En el marco del proceso judicial, el fical Aldo Lozano, a cargo del caso, realizó allanamientos, secuestró documentación e imputó de manera provisoria a una médica y un médico, de quienes solo se conocen sus iniciales, S.M. y J.M., bajo la acusación del delito de homicidio culposo.

Ambos médicos se abstuvieron de declarar durante sus citaciones, aunque pusieron a disposición sus dispositivos móviles, los que fueron sometidos a peritajes informáticos y extracción de datos mediante palabras clave fijadas por la Justicia para evaluar su responsabilidad penal en el hecho.

Un pedido de justicia no solo por Yamila

Mariela Suárez señaló que la familia sufrió una pérdida de tiempo considerable al inicio del proceso debido a un cambio de representación legal: «Perdimos tres meses porque acudíamos con nuestros reclamos y no teníamos respuesta. Nos perjudicó en la investigación».

A la espera de que se fije la fecha de inicio para los trabajos de la junta médica, la familia mantiene su manifestación pública en sede judicial. «Nos paramos frente a la Fiscalía a exponer nuestra angustia y a mendigar justicia por mi sobrina. Luchamos por ella, pero esto también es para que no le suceda a ninguna otra mujer que acuda a un centro de salud y no reciba la atención que le corresponde», concluyó.

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