Denuncian a funcionarios municipales de San Salvador y a las empresas de colectivos 

La Municipalidad y el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy fueron denunciados ante la Oficina Anticorrupción por presunto perjuicio al patrimonio municipal y a los derechos de los usuarios del servicio de transporte de pasajeros. La presentación la hizo el Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidor de Jujuy (Codecuc), que además pide que se anulen las concesiones y se convoque a un nuevo proceso con audiencia pública.

La presentación solicita una investigación inmediata por presunto perjuicio al patrimonio municipal y a los derechos de los usuarios. Entre las figuras señaladas en el escrito figuran desviación de poder, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y faltas al Régimen de Ética e Integridad Pública.

Rechazan que se les hayan perdonado las deudas a cinco empresas de transporte para permitir que participaran de la licitación del servicio.

El Codecuc, representado por su presidente Alejandro Mur y su vicepresidente Álvaro Mendoza, presentó una denuncia formal ante la Oficina Anticorrupción de la provincia contra funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal, integrantes del bloque mayoritario del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy y cinco empresas del transporte urbano de pasajeros.

En paralelo, la asociación elevó una nota al Concejo Deliberante capitalino exigiendo que se declare la nulidad absoluta de la Licitación Pública Nacional N° I-02-2025 y de las adjudicaciones vigentes, reclamando la convocatoria a un nuevo proceso licitatorio que cumpla con la normativa y contemple instancias de audiencia pública.

Condonación de deudas y habilitación para licitar

El eje central de la denuncia apunta a la sanción y promulgación de dos normas aprobadas el pasado 27 de noviembre: la Ordenanza N° 8237/2025 y la Ordenanza N° 8232/2025.

La primera dispuso una condonación del 100 por ciento de las deudas por tasas municipales acumuladas durante cinco períodos fiscales (2020-2025) en favor de cinco firmas: Cooperativa Unión Bus Ltda., El Urbano S.R.L., Santa Ana S.R.L., Transportes Automotores Colón S.R.L. (Xibi Xibi) y Transporte San Jorge S.A.

Desde la entidad sostienen que existió una «actuación coordinada» entre las partes para permitir que estas empresas pudieran presentarse a la compulsa.

«El mismo pliego de bases y condiciones aprobado por la Ordenanza 8232 prohíbe contratar con empresas deudoras del municipio. ¿Qué hicieron? El mismo 27 de noviembre, en la misma sesión del Deliberante, se perdonaron deudas millonarias a las empresas y se aprobó el pliego; esto se hizo para permitirles participar y ganar el proceso licitatorio», señalan desde la asociación.

Asimismo, remarcan que el beneficio impositivo vulnera los límites establecidos en la Carta Orgánica Municipal , que prohíbe deducciones mayores al 50% de cada tributo; la Ley Orgánica de Municipios N° 4466, que fija un tope del 20% de afectación sobre la recaudación total, y la Ley Provincial N° 4958 de Administración Financiera y Sistemas de Control.

Delegación de facultades y tarifas

Otro de los fundamentos expuestos ante la Oficina Anticorrupción refiere a una presunta violación de la división de poderes. El Codecuc advierte que tanto la Ordenanza N° 7978/2023 de emergencia en el transporte como la Ordenanza N° 8232/2025 transfirieron al Ejecutivo municipal potestades exclusivas del Concejo Deliberante, tales como la fijación de tarifas y la adjudicación de concesiones.

En ese marco, denuncian que desde 2023 el Ejecutivo resuelve los aumentos bimestrales y automáticos del boleto «a puertas cerradas», sin audiencia pública, sin publicación de estudios de costos ni controles efectivos sobre la prestación.

Finalmente, la asociación subraya que la adjudicación a las mismas empresas condonadas se concretó en medio de un estado de emergencia y pese a las reiteradas quejas de los usuarios por las deficiencias en la frecuencia y calidad del servicio, motivos por los cuales insisten en la anulación del proceso y el llamado a una nueva licitación.

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