Bahía Blanca: Comenzó el juicio contra un excamarista por delitos de lesa humanidad 

A sus 81 años recién cumplidos y tras décadas de impunidad, en las que incluso llegó a ser camarista federal, el exintegrante de la Triple A y ex agente de inteligencia Néstor Luis Montezanti comenzó finalmente a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1983 en Bahía Blanca.

Para llegar al debate, querellantes y fiscales tuvieron que remar contra el poder político y mediático local, encabezado por Vicente Massot, dueño de La Nueva Provincia, y la protección de buena parte del Poder Judicial, que buscó –pero no pudo- garantizar su impunidad.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca inició este miércoles el juicio contra el excamarista Néstor Luis Montezanti, acusado como autor del delito de asociación ilícita, por integrar la organización paraestatal Triple A, y como coautor de intimidación pública, en relación con la toma de la sede local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ocurrida el 26 de agosto de 1974.

Los hechos fueron calificados por la fiscalía como delitos de lesa humanidad y genocidio.

En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, integrada por el fiscal general Miguel Ángel Palazzani y los auxiliares fiscales Pablo Fermento y Paula Molini.

La audiencia se puede seguir a través de la trasmisión de La Retaguardia junto a FM de La Calle. 

El debate comenzó a las 9 con la lectura de una síntesis del requerimiento de elevación a juicio por parte de la fiscalía. El tribunal está presidido por el juez Ernesto Sebastián e integrado por los vocales Roberto Minguillón y Facundo Zapiola.

“Sostenemos que la comisión de los hechos descriptos resulta, indudablemente, la aplicación de un plan criminal concebido y ejecutado de manera sistemática y clandestina, cuya implementación tuvo como finalidad criminal el ataque generalizado a la sociedad civil”, sostuvo la fiscalía durante su exposición.

Montezanti se desempeñó como presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca hasta 2016, cuando fue acusado por estos hechos. Al momento de los hechos, ejercía como abogado de Remus Dionisio Tetu, interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS), y de otros integrantes de la Triple A, como Jorge Argibay —acusado por el homicidio del estudiante David Hover “Watu” Cilleruelo, cometido en el edificio de la UNS— y su hijo Pablo, quien fue detenido por el secuestro de un arma de fuego y equipos de comunicaciones pertenecientes a esa casa de estudios.

Según la acusación fiscal, Montezanti integró esta organización paraestatal que actuó en Bahía Blanca y a la que se le atribuye la comisión de 24 homicidios entre 1974 y 1975. La organización criminal dirigió su accionar violento principalmente contra los sectores gremial y estudiantil, en particular en la UTN y la UNS.

En concreto, Montezanti habría formado parte del subgrupo de agentes encargado de los requerimientos de inteligencia, que comprendían tareas de espionaje, identificación, señalamiento, determinación e información de los “blancos” sobre los que actuaba otro subgrupo, de carácter operativo, mediante actos de intimidación, amenazas, secuestros y asesinatos.

La fiscalía también destacó la continuidad de Montezanti en el desempeño de funciones dentro de ese entramado delictivo, hasta su incorporación formal como Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 181 de Bahía Blanca, entre 1980 y 1982.

La acusación por asociación ilícita

Al comenzar la exposición fiscal, Palazzani describió el contexto en el que se perpetraron los hechos: “Se trata de los dos años anteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976”. En esa línea, añadió: “Esa plataforma fáctica fue la expresión concreta de un programa político de terrorismo de Estado que ya se desplegaba entre 1974 y 1976 y que continuó luego con la dictadura cívico militar”.

El fiscal explicó que uno de los caracteres más notorios de ese programa estuvo representado por la actuación de grupos paraestatales “bajo la dirección, el suministro de blancos y de medios, y el amparo de la estructura estatal”.

Asimismo, remarcó que las características de los crímenes —la utilización de la alevosía, el ensañamiento y la exposición pública— “revelaban la finalidad política de amedrentamiento, intimidación y eliminación de grupos opositores identificados como enemigos”. Para Palazzani, “estos elementos determinan la calificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad y producen la imprescriptibilidad de la acción penal”.

Como antecedente, el representante del MPF tomó los fundamentos de la sentencia del 24 de septiembre de 2021, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca en el juicio por el homicidio del estudiante David “Watu” Cilleruelo.  En ese proceso fueron condenados cuatro integrantes de la organización paraestatal de la que formó parte Montezanti.

En aquella sentencia, Raúl Aceituno recibió la pena de prisión perpetua como coautor del homicidio. Además, se tuvo por acreditada la existencia de la asociación ilícita y fueron condenados a 10 años de prisión Juan Carlos Curzio, Héctor Forcelli y Osvaldo Pallero, quien falleció. Sin embargo, el año pasado la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, absolvió a los tres condenados por este último delito.

El fiscal también señaló que aquella sentencia se había basado en un precedente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, “que tuvo por acreditada la existencia de la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista)”. Al respecto, Palazzani sostuvo: “Allí se tuvo por probado que el origen de esta agrupación databa de la primera mitad de la década de 1970, y le atribuyeron la comisión de hechos de tipo terrorista (atentados y homicidios) en distintas ciudades del país, con el objetivo aparente de combatir a las bandas subversivas”.

A continuación, el auxiliar fiscal Fermento indicó que Montezanti integró esa organización paraestatal, “participando de sus actividades y brindando su aporte material a la empresa ilícita”. También argumentó que la estructura contaba con distintos integrantes “con diferentes roles y funciones para cumplir con los objetivos criminales”.

“En lo que concierne al requisito de la cantidad de integrantes, este se encuentra abastecido no sólo por las personas que ya fueron condenadas por el Tribunal Oral Criminal Federal bahiense, sino por la concurrencia de otros sujetos que no llegaron a ser juzgados”, indicó Fermento.

Entre ellos, mencionó al entonces diputado y secretario general de la CGT Rodolfo Antonio Ponce y a Remus Dionisio Tetu, en carácter de directores y organizadores de la banda, además de Jorge y Pablo Argibay, Roberto Sañudo, Miguel Chisú y Basilio Pérez, entre otros.

La toma de la sede de la UTN

En otro tramo de su intervención, Fermento se refirió a la participación que se le atribuye a Montezanti en la toma de la sede local de la UTN, ocurrida el 26 de agosto de 1974.

Explicó que días antes, el entonces decano Emilio Garófoli, alineado con el sector de Rodolfo Ponce, había suspendido las actividades académicas luego de unas elecciones estudiantiles en las que la denominada “patota de Ponce” robó las urnas, tras imponerse la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

En ese contexto, la designación de Francisco Lucio Fernández como nuevo decano interventor por parte de la dirección nacional de la UTN motivó a que el grupo armado ocupara la facultad para exigir la continuidad de Garófoli en el cargo. Según la fiscalía, el episodio fue acreditado mediante numerosas declaraciones de estudiantes que dieron cuenta de la presencia del imputado junto a otros integrantes armados de la Triple A.

“La intervención del imputado en la ocupación de la facultad local de la UTN, realizando provocaciones a los estudiantes que allí se encontraban reunidos, junto con otros integrantes de la asociación ilícita, llevando a cabo un plan común que pretendía infundir el temor en aquellos estudiantes, cumple con el requisito de la ‘ultraintención’ distinta al dolo requerida en el tipo subjetivo”, sostuvo Fermento.

El episodio provocó la interrupción total de las actividades académicas durante dos meses e impidió que asumiera el decano designado por las autoridades nacionales de la institución, quien permaneció cautivo dentro del edificio ocupado. Las instalaciones no pudieron ser desalojadas por las fuerzas policiales, pese a que se había dictado una orden judicial en ese sentido. Según la fiscalía, la ocupación de la facultad fue la antesala de la actuación del grupo paraestatal en 1975 en la UNS, en cuyas instalaciones, fue asesinado el estudiante Cilleruelo.

Fiscales.gob.ar / Tiempo

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