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Otro organismo de Naciones Unidas dedicado a la protección de los derechos humanos reclamó al Gobierno nacional la liberación de Milagro Sala, que este jueves cumple 313 de detención. Es el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU (CERD), cuyos integrantes se reunieron ayer en Ginebra con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Pastor Murillo, relator para la Argentina de ese organismo, fue categórico: “La decisión (del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias) tiene que ser cumplida”.
En la reunión, expertos de la ONU, representantes de ONG y Avruj -en representación del Estado argentino- trataron la situación de los derechos humanos de las personas migrantes y de los pueblos indígenas. El tema de Sala no estaba formalmente en la agenda del encuentro, que empezó el martes, pero el Comité preguntó por la dirigente de la Tupac Amaru y diputada del Parlasur.
Este miércoles, Avruj respondió explicando que invitaron al Grupo de Detenciones Arbitrarias a visitar el país, al igual que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA. Aclaró que la detención de Sala no está vinculada con que sea dirigente de un grupo étnico, sino que es “por delitos de corrupción y violencia”; y afirmó que es un tema que se dirime en Jujuy.
“Respetamos la autonomía de la justicia provincial”, señaló. Agregó que de todas maneras el gobierno tomó en cuenta lo que dijo el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y que estaban trabajando en eso.
Murillo fue muy claro: “Entiendo la posición del Estado, pero cuando se presenta la detención de una líder indígena el asunto no puede leerse al margen de su rol en la sociedad. La detención está asociada a un caso de corrupción, pero puede investigarse con ella en libertad. Hay un dictamen muy acertado del grupo de Trabajo. Esa decisión tiene que ser cumplida”. Luego, alentó al Estado para que adopte medidas para la liberación de la dirigente social.
“Si las invitaciones son para facilitar el cumplimiento de la resolución, bienvenidas sean. Si son para dilatar o desviar el tema está mal”, señaló a Página/12 Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, como respuesta a la estrategia planteada por el Gobierno luego de que el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas reclamara la “liberación inmediata” de Sala por considerar “arbitrario” su arresto.
En un principio, el Gobierno buscó impugnar a ese organismo argumentando que se trataba de una “simple opinión” y que los expertos no habían evaluado todas las causas que existían contra Sala, cosa que no era cierta. Algunos funcionarios con experiencia en el sistema internacional de derechos humanos, como el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, o el representante de derechos humanos de Cancillería, Leandro Despouy, creen que el reclamo de la ONU debe ser atendido y en corto plazo.
Sin embargo, no parecen estar ganando la pulseada interna. Avruj, el enviado del Gobierno a Ginebra, está más cerca de la posición del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien espera que los expertos de Naciones Unidas cambien su posición o, al menos, intenta postergar todo lo posible la respuesta.
“Es preocupante que la máxima autoridad en derechos humanos responda que respeta la autonomía provincial ante una evaluación de los derechos humanos de un organismo como el CERD”, afirmó Chillier. Es que el estado nacional es el responsable y garante del cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Y, de hecho, es el gobierno de Mauricio Macri el que está pagando el costo político por mantener presa a Sala.
Al reclamo del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la mención del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau se sumó ahora el Comité contra la Discriminación Racial, también de la ONU.
