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Distintos sectores políticos, sindicales y sociales de la provincia exigieron al gobernador Gerardo Morales que garantice el estado de derecho, que “desapareció desde cuando asumió”. La demanda se inscribe en el enérgico repudio por las detenciones ilegales de la policía durante el operativo realizado en la madrugada del Jueves Santo, donde fueron detenidos dos alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias, dentro del predio del mismo.
El eje del repudio se basa en que este operativo ilegal violó la Ley de Educación Superior, su artículo 31 referido a la Autonomía Universitaria.
Advierten además que quedó demostrado que la policia tiene vía libre para reprimir los derechos de los ciudadanos, en una suerte de ley de la selva en la cual gana el que tiene las armas, aun sin razón.
Ponen el foco en que en los últimos tiempos los efectivos policiales no llevan su identificación visible cuando operan en la calle, lo que provoca temor a una sociedad cada día más achicada por las políticas del gobierno nacional y provincial de Cambiemos.
Se señala también que el mal accionar del Poder Ejecutivo se lleva adelante con el respaldo o por lo menos con el silencio de un ausente Poder Judicial, y la falta de responsabilidad de un Ministerio de la Acusación que se limita a perseguir, hostigar y detener a dirigentes sociales y sindicales.
Entre otros, hicieron pública su posición en este sentido el Partido por la Soberanía Popular (PSP-Fuyo), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la agrupación H.I.J.O.S. y la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otros.
Los diputados del Fuyo exigen a las autoridades de la provincia «que sancione a los responsables apartándolos de sus cargos y garantice el estado de Derecho en la provincia, suspendido desde el 16 de enero de 2016 con la detención ilegal de Milagro Sala».
Recuerdan que la incursión de la policía en la Facultad de Ciencias Agrarias, violando la autonomía universitaria, no es un hecho aislado: «Ya sucedió el año pasado cuando fuerzas de seguridad ingresaron a la Facultad de Ciencias Sociales», evocan.
«La detención arbitraria, los tratos crueles y el accionar ilegal de la policía en distintas situaciones amparándose en un Codigo Contravencional que no puede establecer una condena más allá de lo administrativo y que fue cuestionado por su inconstitucionalidad incluso ante organismos internacionales, necesariamente requiere de un límite por parte de las más altas esferas del Poder Ejecutivo», afirman.
Por su parte, ATE Jujuy señala que se trata de un hecho «gravísimo, ya que muestra la total impunidad con que la policía cree que puede accionar pasando por alto los derechos de las personas», violando sistemáticamente las normas vigentes en el país y en la provincia, «donde ahora parece que realizar un festejo en un ámbito privado y hacer asado es un delito».
Desde el sector gremial exigen «que se tomen las medidas disciplinarias correspondientes al personal policial que participó de este operativo, que imitaron a los represores de la dictadura militar».
