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A horas de vencer el plazo para entregar los fondos de las universidades, el Gobierno nacional sigue eludiendo el envío del dinero. Ahora presentó un recurso ante la Cámara para insistir con la suspensión de la ley.
Si bien en las últimas horas trascendió que tendrían voluntad de pagar, advirtieron que los 2,5 billones necesarios para cumplir con la ley pondrían «en déficit» al país, aunque sea una obligación dictada por la Justicia.
Ahora se conoció que el Ejecutivo nacional presentó un recurso ante la Cámara Federal para suspender la Ley de Financiamiento Universitario. Si el tribunal acepta el recurso, lo elevará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si no lo acepta, en el Gobierno ya están preparando un recurso en queja.
Incumplidor serial
No es la primera disposición que el Gobierno incumple con la legislación que lo obliga a transferir recursos. No giró fondos para discapacidad, tampoco entregó a las provincias lo establecido por el impuesto al combustible, no pagó la deuda de PAMI ni la de los colectivos, ni siquiera los montos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires dictaminada por la Corte.
En marzo, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de 745.000 millones de pesos y un superávit financiero de 275.000 millones, después del pago de intereses de la deuda.
En el acumulado del primer trimestre, el resultado primario alcanzó aproximadamente el 0,5% del PBI.
El pago a las universidades triplicaría el superávit ficticio. Si se suman las otras deudas de Nación, lo supera exponencialmente.
Reclamo en todo el país
Mientras tanto, siguen las clases públicas y medidas de fuerza del sector universitario en todo el país. El paro de una semana hasta este sábado cuenta con el respaldo de estudiantes y no docentes.
Denuncian no solo el hundimiento del poder adquisitivo, sino el desacato judicial: el Ejecutivo continúa ignorando el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que ordena la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde la llegada de la gestión libertaria, el salario académico perdió un 33% de su valor real. Según Antonio Rosselló (AGD-UBA / Conadu), la situación es «insalvable»: un docente con 10 años de antigüedad percibe menos de $400.000, cifra que lo empuja al pluriempleo, muchos de ellos terminando en aplicaciones de delivery o transporte privado para subsistir.
Frente a una línea de pobreza proyectada en $ 1.400.000, el Gobierno ofreció aumentos unilaterales del 1%, 2% y 2,5%, que ni siquiera cubren el IPC de CABA. Los gremios exigen una recomposición del 50% inmediato para cumplir con la ley vigente.
«Es un Gobierno fuera de la ley», sentencian los docentes, mientras las aulas siguen en un silencio sepulcral que dura toda la semana y que, por las acciones o inacciones del Gobierno nacional, promete no terminar.
Fuente: Tiempo
