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El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que intervenga de manera directa en el conflicto por la reforma laboral y deje sin efecto la suspensión de 82 artículos en el marco de una cautelar presentada por la CGT.
El Ejecutivo hizo uso del “per saltum”, un mecanismo que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente al máximo tribunal, en busca de una resolución urgente.
El pedido fue impulsado por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de revertir el fallo que frenó más de 80 artículos de la ley tras una demanda presentada por la CGT.
Judicialización de la ley
La ley 27.802, que el gobierno bautizó como de Modernización Laboral, implica la destrucción de los históricos derechos laborales, además de una sentencia de muerte para las organizaciones sindicales.
Ante ello la CGT presentó un recurso de amparo que fue aceptado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63. Su titular, el juez Raúl Horacio Ojeda, le dio la razón a la central obrera y el 30 de marzo pasado suspendió 82 artículos de la ley. No fue el único, ya había otras cautelares que suspendían otros artículos.
Los abogados de la central sindical argumentaron que los artículos que impugnan modifican el régimen laboral vigente y vulneran derechos y garantías constitucionales, como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia. El juez aceptó esos argumentos.
La respuesta del gobierno fue recurrir al fuero contencioso administrativo que, según la Rosada, es el que debe entender en este tipo de disputa. La jueza Macarena Marra Giménez recibió una presentación del gobierno y resolvió a favor del Poder Ejecutivo al considerar resuelto el conflicto de competencia y quitarle las actuaciones a Ojeda.
A partir de ese punto, se abría un camino que indefectiblemente iba a llegar a la Corte Suprema, sin plazo de resolución. Mientras tanto, la ley pasaría ese tiempo sin aplicarse.
Este panorama adverso a los objetivos del Gobierno nacional llevó a decidir la presentación del per saltum ante el máximo tribunal.
