El gobierno ordenó una investigación, para despegarse de un posible pedido de coimas

El Secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Raúl García Goyena, habló sobre un pedido de coimas, que padeció un empresario de la construcción y aseguró que “es una extorsión de una persona a otra, para obtener un beneficio personal”, luego que en los últimos días, se conoció a través de las redes sociales, un audio, donde se pide dádivas a cambio de “desaparecer cuatro expedientes”.

Durante la rueda de prensa, el funcionario aclaró que Gastón Baigorria Siuffi, es quien estaría ejercitando una extorsión en el audio, no es, ni fue ni empleado, ni funcionario del poder ejecutivo provincial, ni asesor, como por ahí dicen en algunos medios, del ministerio de infraestructura”. Al mismo tiempo, se supo a través de las redes sociales, que figura en la planta de personal de la legislatura, como prosecretario de bloque.

García Goyena aseguró que “el gobernador Gerardo Morales ordenó una investigación a fondo y hacer la denuncia penal en el Ministerio de la Acusación y en eso, está participando el fiscal anticorrupción”.

Consultado por los medios contra quien se hace la denuncia, aclaró: “Esto es una extorsión, un pedido de coima, y queremos que sea haga cargo de la situación, tenga vinculación o no con algún funcionario. Si actuaron de forma irresponsable va a tener que hacerse cargo, del accionar que realizaron”.

“Con las empresas no tenemos que tener ningún tipo de precaución desde el punto de vista que si la empresa es extorsionada en todo caso hay que verlo al extorsionador no a la empresa, eso es básico. Las precauciones son las que viene tomando siempre el ministerio de infraestructura, inclusive en 2016 se cambiaron los procedimientos para evitar precisamente cosas como estas, los procedimientos administrativos”.

Con respecto al manejo de la documentación de las empresas a las que se les adjudicó obra pública, señaló que se desarrolló el procedimiento habitual para estos casos. “El secretario de Infraestructura, Pablo Civetta, observó la existencia de expedientes a los que se debían revisar algunos aspectos por lo que fueron elevados a Fiscalía de Estado y al Tribunal de Cuentas para su control”, explicó.

“Los expedientes fueron estudiados, y los que estaban en condiciones siguieron el trámite que corresponde y los que fueron observados están congelados y no se les pagan nada”, detalló el funcionario y ponderó el cambio de procedimiento implementado en el Ministerio de infraestructura durante el 2016 para mejorar el control de los fondos y “evitar cosas como estas”.