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Antes de empezar la autopsia del cuerpo hallado en el Río Chubut que podría ser Santiago Maldonado, trascendió que los peritos esperan tener entre hoy y mañana los primeros resultados tanto sobre la identidad como acerca de las causas de la muerte. Será fundamental, aunque quizá tome más tiempo, el esclarecimiento de cómo llegó hasta el sitio donde fue encontrado, durante el rastrillaje de Prefectura.
El procedimiento estará dirigido por tres legistas del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema e integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), pero participarán peritos de las querellas y la Gendarmería logró hacerse un lugar con la designación de un especialista de la fuerza que representará al único imputado, el subalférez Emmanuel Echazú, que integraba el grupo de los agentes que llegaron hasta la orilla en la persecución a los mapuches en medio de la cual desapareció Maldonado.
Un cotejo de fotos que muestran a Echazú en la zona con otras del sitio donde estaba el cuerpo y su proyección en un mapa satelital, indican que el gendarme habría estado a menos de 70 metros de ahí, según informaron a PáginaI12 allegados a la investigación.
Un comunicado de la fiscalía que conduce Silvina Avila dice que Echazú se presentó en la causa con “un abogado de confianza” la semana pasada, después de que “los medios de comunicación informaran sobre medidas de prueba respecto de las lesiones” que alegaba haber sufrido en la cara. “Se le dio intervención como imputado con acceso a la causa penal”, aclara la fiscal. “Es la única participación que ha tenido cualquier integrante de la fuerza investigada en el expediente, por lo que se niega categóricamente que exista una querella constituida de Gendarmería en estas actuaciones”, remarca.
El hecho concreto es que a través de Echazú la fuerza favorita de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tendrá su forense en la autopsia que se hará hoy y podrá seguir participando de otras medidas. Será el médico legista Gustavo Burstyn Milberg.
Echazú hizo un doble juego, ya que pidió ser querellante en otra causa, ligada a un procedimiento en la ruta 40 que precedió al ingreso de los Gendarmes a las tierras de la comunidad Pu Lof en Resistencia. Se amparó en la fractura en la cara que atribuyó a un cascotazo. De hecho, Gendarmería usó la supuesta agresión a piedrazos como justificación del ingreso al territorio de la comunidad donde desató la persecución invocando que estaba frente un “delito en flagrancia” que la habilitaba a actuar sin orden judicial.
Las fotos y el testimonio de la enfermera de la fuerza mostraron después que el subalférez fue herido dentro de la comunidad y no afuera. Se lo veía caminar desde el río con la cara ensangrentada y una escopeta. O sea, la flagrancia no existía.
En la vera del río además de Echazú había por lo menos otros dos gendarmes. El gran enigma es qué pasó ahí, y quizá el cuerpo hallado dé pistas o respuestas al respecto. Por lo pronto las fotos del lugar donde fue encontrado en el rastrillaje, enredado en ramas, flotando boca abajo, sería muy cercano al sitio donde también fue fotografiado Echazú. Entre ambos hay menos de 70 metros según el cálculo estimado trazado en un mapa satelital por allegados a la causa.
Como informó este diario, Echazú se movió desde dentro de la Pu Lof en una camioneta Ford Ranger OLW 237 junto con el jefe Pablo Escola. Según la Gendarmería, salió para evaluar la situación y volvió. El operativo terminó cerca de las 18 de aquel 1 de agosto, pero ni él ni Fabián Méndez volvieron a sus bases hasta las 5.30 de la madrugada del día siguiente. Nada se sabe sobre qué pasó en el ínterin. En la camioneta que usó Echazú se descartaron cinco muestras de ADN recogidas pero una no pudo ser cotejada. Fue una de las camionetas lavadas, según la denuncia del defensor Fernando Machado.
La autopsia
El avión sanitario en el que viajó el propio juez Gustavo Lleral para custodiar el cuerpo llegó ayer a la mañana a la ciudad de Buenos Aires y fue llevado a la Morgue Judicial. La decisión del Cuerpo Médico fue posponer la operación de autopsia para hoy para optimizar las condiciones de su realización.
Lleral firmó una resolución donde indica los puntos centrales que deberá buscar dilucidar el estudio forense: establecer “la identidad, la data, causal y modo de la muerte del cuerpo humano hallado” y señaló una serie de medidas de resguardo. El juez dispuso que todo el procedimiento sea filmado y fotografiado y prohibió el ingreso de celulares a quienes participen.
El titular del Cuerpo Médico, Luis Mario Ginesín, designó a tres especialistas para encabezar los estudios: Roberto Cohen, Cristina Bustos y Jorge Herrbstein. A la par actuarán por el Equipo de Antropología el médico Luis Bossio y el antropólogo Carlos Somagliana. El perito de la familia Maldonado es Alejandro Incháurregui, el del Centro de Estudios Legales y Sociales es Maximiliano Amar y también intervendrá Silvia Bufalini. Por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), Ariel Rossi y Claudio Capuano, y se suman expertos de otros organismos y veedores.
El juzgado designó también al perito papiloscópico de la Prefectura Naval Pedro Salas para que trabaje sobre las huellas dactilares. Si se lograran obtener las huellas dactilares del cuerpo, se podría constatar de manera rápida la identidad. Si ese procedimiento no fuera factible, habrá que esperar los resultados de estudios de material genético, que podrán demorar unos tres días. Se enviarían a un laboratorio de Córdoba. De todos modos, los peritos suponen que hoy se podría llegar a corroborar si el cuerpo encontrado es Santiago Maldonado.
La operación de autopsia en sí arrojará también en las primeras horas datos que podrían llevar a conocer qué fue lo que provocó la muerte y luego cómo es que el cuerpo estaba en el punto donde fue hallado. ¿El deceso se produjo en el agua o afuera? ¿Fue producto de golpes, asfixia u otro factor? Hasta el momento, lo que trascendió desde allegados a la investigación es que no tendría heridas de bala, pero nada es seguro aún. Habrá que ver si hay golpes, heridas, fracturas. Y será determinante saber cuándo murió, lo que se conoce como “data de muerte”, que podría demorar unos días.
Estos estudios científicos empezarán disipar la incertidumbre y a disipar dudas. Faltará la investigación penal. Las garantías de reparación para las víctimas son un deber del Estado.
