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Tras las denuncias de violencia de género, amenazas, acoso laboral, maltratos y sanciones que involucran al Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello, por parte de dos funcionarios, entre ellos, una mujer, el funcionario judicial mantuvo una reunión con la Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inam), María Fabiana Tuñez para dialogar y firmar un convenio de cooperación interinstitucional.
El Inam es el organismo encargado del diseño de las políticas públicas destinada a efectivizar las disposiciones de la Ley Nº 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, y es la autoridad de aplicación de la Ley Nº27.499 “Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado”.
El presente convenio tiene como objeto acordar un marco interinstitucional que facilite la realización de tareas conjuntas en las distintas áreas en que se llevan actividades comunes. De este modo, se pretende actuar de manera articulada y conjunta para realizar actividades tales como: intercambio de actividades de capacitaciones y sensibilización en las temáticas de su competencia, en especial en lo referido a la implementación de la Ley Micaela (Ley N°27.499); acciones de concientización sobre la Línea Telefónica Nacional 144, su existencia y funcionamiento, entre otras.
Cabe recordar que, durante el mes de julio, ingresaron al Superior Tribunal de Justicia, dos denuncias contra Lello por parte de dos funcionarios que se desempeñan en el Ministerio Público de la Acusación y acusan al funcionario de acoso laboral, amenazas y maltrato.
Se trata de la primera confirmación formal de numerosas situaciones que se venían relatando extraoficialmente sobre el avasallamiento y autoritarismo que el funcionario ejerce sobre las personas que se desempeñan bajo su autoridad.
Las denuncias contra Lello llegaron a la oficina del STJ, y solicitan que se deberá investigar las acusaciones de misoginia, violencia laboral, humillaciones, denigración, intimidación y maltrato. Las denuncias penales fueron protagonizadas por los abogados Agustina Aramayo y Mateo Montiel, que se desempeñan en el organismo.
La denuncia de Aramayo es por acoso laboral, humillación, denigración, intimidación y maltratos. En su escrito, relata hechos que se sucedieron desde el 9 marzo del 2016 hasta la fecha. En ese período, además, padeció nueve traslados dentro del organismo.
