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Andhes, Cladem y organizaciones de derechos de la niñez y la adolescencia de Argentina participarán el 27 de septiembre de la Audiencia Temática en el marco del 173° Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar los obstáculos que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas producto de haber sido víctimas de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en la Argentina. Se presentará como caso testigo el de Lucía, niña de 11 años embarazada producto de una violación a la cual el Estado tucumano le obstaculizó el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) durante un mes y obligó a parir.
La presentación fue realizada por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casacidn), las coaliciones nacionales integrantes de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Redlamyc), Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes), y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Argentina (Cladem Argentina).
Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Andhes; Celia Debono, coordinadora nacional de Cladem Argentina, y Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, viajarán a Washington para defender la postura de las organizaciones.
La desatención de la salud y la vulneración de los derechos de las niñas y adolescentes es una situación que se repite en todos los países de la región. Por eso participan del pedido de audiencia y de esta denuncia redes de América Central (El Salvador y Guatemala) y Redes de América del Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay), donde con ligeras variantes esta violación de derechos se repite.
Además de esta solicitud de audiencia a nivel subregional, las organizaciones presentaron una solicitud de audiencia referida directamente a la Argentina. Es que anualmente en la Argentina, entre 2.500 y 3.000 niñas menores 15 años dan a luz. Embarazos a tan temprana edad presuponen abusos hacia esas niñas, por lo que se perpetúa una clara violación hacia sus derechos humanos y hacia su integridad.
Por esa razón, insistirán ante la CIDH que el Estado vulnera el alcance del inciso 2 artículo 86 del Código Penal que establece las excepciones para la penalización del aborto y que incumple lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL en relación del aborto no punible. En este sentido, apuntarán a las provincias que, escudándose en el federalismo, no aplican el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo elaborado en el 2012 por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación.
También denunciarán la falta de una política federal efectiva e igualitaria de educación sexual integral en las escuelas y a los movimientos antiderechos que impulsan acciones que obstaculizan a las niñas, adolescentes y mujeres el acceso a la ILE. Estos sectores no son sólo movimientos organizados dentro del marco de la sociedad civil que se expresan de esa manera sino que personas que forman parte de esos grupos se encuentran presentes dentro de los tres poderes del Estado.
Todos estos obstáculos se encuentran enmarcados en uno mayor que es la falta de escucha activa de las niñas. Tanto la ley nacional 26.061 de 2005 como la Convención sobre los derechos del niño que se encuentra vigente desde 1990 en la Argentina plantean que se debe respetar el derecho a ser oídas en todos los casos donde su vida y las decisiones que se van a tomar sobre su vida estén en juego y que las opiniones de las niñas sean tenidas en cuenta. En estos casos de pedido de ILE podemos identificar claramente una falta de escucha activa de las niñas cuando solicitan el acceso a esa práctica.
Las organizaciones solicitarán a la CIDH el seguimiento de estos casos. También le pedirán que solicite informes y estadísticas al Estado sobre las Embarazos Infantiles Forzados, ILE y Abuso Sexual Infantil.
Datos
Se estima que por año cerca de 100.000 adolescentes y 3000 niñas menores de 15 años dan a luz. En el caso de las niñas menores de 15 años el 80% de los embarazos son producto de violencia sexual la mayoría de los cuales ocurren en el ámbito intrafamiliar o en círculos cercanos a las víctimas.
Las tasas de fecundidad temprana son mucho más elevadas en las provincias del norte, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes. Es altamente preocupante estas prácticas de abuso sexual contra las niñas con la consecuencia de la maternidad forzada.
