El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Por FIT-U; PTS; PO; MST; TOrRe; Polo Obrero; MST; MTR 12 de abril; Frente de Organizaciones en Lucha. Basta de impunidad garantizada por los gobiernos provinciales tanto de la UCR y como del PJ, gobiernos nacionales de coaliciones como Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, y su poder judicial tanto provincial como nacional, al empresario Blaquier y su administrador Lemos, responsables civiles de las detenciones y desapariciones de obreros, estudiantes y docentes que llevaron a cabo fuerzas represivas conjuntas en las Noches de los Apagones de 1976 en Libertador, Calilegua y El Talar.
Empresa agro industrial monopólica que hoy en día también es responsable de apagar la salud y la vida de miles de habitantes de la región, al someter a terribles condiciones laborales a los obreros del ingenio que padecen enfermedades y accidentes por la insalubridad, la falta de elementos de protección personal, los turnos relevantes y las jornadas extenuantes, y generar la contaminación del pueblo trabajador de Libertador y demás localidades de los departamentos Ledesma y Santa Barbara, ya que sus pobladores padecen enfermedades respiratorias y diferentes tipos de cáncer producto del impacto ambiental negativo que genera la actividad de la empresa en la fábrica y el campo, cuyas estadísticas e índices no salen a la luz por la complicidad que tienen con el empresariado los funcionarios políticos serviles del ministerio de trabajo y ministerio de salud, negando así, cualquier avance en materia de salud pública en el sector oncológico y en especialidades esenciales como médicos neumólogos en los hospitales y puestos de salud.
El poder judicial tiene doble vara, por un lado garantiza la impunidad del poder económico hace décadas, cajoneando las causas o actuando con total lentitud, al retrasar el avance de las causas que tiene Carlos Pedro Blaquier por haber sido artífice intelectual de crímenes de lesa humanidad en la última dictadura, y dárle el visto bueno a cada presentación de los abogados defensores del empresario que argumentando la longevidad y supuesta senilidad buscan impedir que vaya a juicio y conseguir la impunidad biológica del responsable civil de los apagones del terror en Libertador y Calilegua.
Y por otro lado, el poder judicial de Jujuy, es ágil para armar causas judiciales en base a espionajes e infiltraciones ilegales a organizaciones sociales, con el objetivo de aleccionar a las organizaciones de desocupados, sindicales y partidos políticos de izquierda que defienden el derecho a la protesta social, y sembrar el miedo en las mayorías populares y el movimiento obrero para profundizar el ajuste económico sin que haya huelgas y manifestaciones que cuestionen su plan económico de ajuste.
En unidad y lucha, las organizaciones de desocupados, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda que estamos siendo atacados por el gobierno represor de Morales y nos venimos movilizando en Jujuy, exijamos desde las bases trabajadoras a las direcciones de los gremios estatales, sindicatos azucareros y centrales sindicales, CTA y CGT, paro provincial y nacional activo, y en las reparticiones dónde tiene fuerza el sindicalismo combativo llevemos acabo medidas de lucha, hasta que cierren estás causas judiciales contra las organizaciones sociales, se frene este ajuste económico, marcado por una altísima inflación, devaluación, ingresos de pobreza e indigencia, y pérdida del poder adquisitivo en pesos, que afecta a todo el pueblo trabajador, y se otorguen las demandas básicas que se vienen reclamando, como alimentos para los comedores y merenderos, aumento de los planes potenciar, trabajo genuino para los desocupados, y salarios igual al costo de la canasta familiar y pase a planta permanente para los trabajadores ocupados.
El mejor homenaje que le podemos hacer a los compañeros detenidos y desaparecidos en las Noches de los Apagones de Ledesma es que a la par de la lucha contra la impunidad, exigiendo en las calles juicio y castigo, cárcel común para el empresario genocida Blaquier, impulsar la más amplia unidad y movilización de los trabajadores y sectores populares para que se cierren las causas judiciales contra las organizaciones sociales, para de esta manera defender el derecho inalienable a la protesta social contra el código contravencional, sancionado por una mayoría de diputados del PJ y promulgado por el gobierno de Fellner, en el que se escuda el gobierno de Morales para atacar a todo sector popular que reclama y de manifiesta en las calles.
