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Un grupo de letradas de Jujuy expresaron su apoyo a su colega Agustina Aramayo, quien sufre persecución por parte del titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez. Lo hicieron a través de una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados, el mismo lugar donde la semana pasada 13 fiscales leyeron un documento en el que repudiaron las denuncias de Aramayo y manifestaron su apoyo a su jefe.
«Este grupo de fiscales repudió y desmintió a Agustina, lo que nos parece grave y un símbolo muy claro de cómo se ejerce violencia institucional y simbólica hacia una mujer que viene denunciando violencia de género», señaló en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) Malka Manestar, una de las abogadas.
Para la letrada, la actitud de los fiscales, algunos de ellos especializados en violencia de género, es «totalmente revictimizante».
La abogada recordó que ya fue presentado un pedido de juicio político contra Lello Sánchez, sin que haya avanzado. «Existen otras posibilidades, como por ejemplo pedir un jury de enjuiciamiento ante el Superior Tribunal de Justicia», precisó, y adelantó que es un tema de evaluación con sus colegas.
La presentación de un jury de enjuiciamiento puede ser presentada por cualquier persona, con un abogado o abogada, explicó Manestar, y agregó: «Esto sería algo viable e interesante, y sería la oportunidad de pensar que hay funcionarios que no pueden estar en los lugares que ocupan».
En un plano más amplio, Manestar analizó no solo las denuncias y cuestionamientos que rodean a Lello Sánchez, sino también la actuación del juez Pablo Pullen Llermanos, a cargo del juzgado de violencia de género, quien también hizo manifestaciones públicas para dar cuenta de su decisión de liberar a un hombre que días después cometió femicidio contra su expareja.
«Esto tiene que ver básicamente con como está funcionando la justicia en la provincia de Jujuy, una consecuencia directa de la falta de independencia, de la falta de imparcialidad en la toma de decisiones, de la falta de objetividad en las resoluciones judiciales y de estas relaciones muy cercanas que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial», afirmó.
En particular sobre los responsables de las áreas de volencia de género, advirtió que tanto entre los fiscales como entre los jueces no existe una verdadera especialización. «Sin embargo, ocupan esos lugares por su arrogancia, como pasa en el caso de Pullen Llermanos, y esto tiene que ver con que no se habilitan los concursos como tienen que ser», afirmó.
En este sentido, cuestionó que no exista en la provincia un procedimiento de concurso público en oposición y antecedentes transparentes. «Sabemos que muchas veces esos cargos se llenan más por dedo y por contacto, que por tener la idoneidad técnica para ocuparlo.
Remarcó que la falta de especialización es, también, consecuencia de que no se aplica efectivamente la Ley Micaela.
«Un 90 por ciento de los fiscales que hoy integran en el MPA son varones. En el listado de fiscales solamente hay dos mujeres, y eso realmente habla de una falta de políticas en materia de inclusión, de igualdad de género», precisó.
Manestar valoró que más allá de la situación de Agustina Aramayo, este funcionamiento no especializado, sin perspectiva de género, también repercute en la sociedad y en las víctimas de violencia de género, «en las mujeres que trabajamos y recorremos esos tribunales, porque marca las dificultades en el acceso a la justicia y también la falta la perspectiva de género que es una realidad».
