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Abogados manifestaron su indignación por la suspensión de juicios contra Estado

Luego de conocerse el proyecto de ley presentado a la Legislatura por el Poder Ejecutivo, mediante el cual pretende suspender los procesos de ejecución en trámite en contra del Estado Provincial, y el pago de todas las deudas judiciales que el mismo estuviere condenado a abonar, los abogados expresaron su indignación.

El Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy expresa y hace público su malestar y profunda preocupación por el mencionado proyecto, como así también, la Asociación de Abogados de Jujuy.

La entidad que matricula a las mujeres y hombres del derecho, emitió por primera vez un comunicado contra el gobierno de Gerardo Morales, sale de su letargo después de algunos años y afirma en un documento que está en su página web. “Sistema Republicano de Gobierno, Igualdad ante la Ley, Tutela Judicial Efectiva, Debido Proceso, Derecho de Propiedad son algunas de las garantías constitucionales y convencionales que el proyecto vulnera gravemente, poniendo en jaque el sistema institucional de la provincia”.

Cumpliendo nuestro rol

“No es posible admitir que, con el argumento de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia, se prive a uno de los poderes del Estado, como es el Judicial, del ejercicio de funciones propias, tal la facultad de coaccionar a quien no cumple con lo dispuesto en las sentencias dictadas en el marco de un proceso judicial, atentando así contra la seguridad jurídica y el derecho de propiedad de los ciudadanos”.

“Exhortamos al Poder Ejecutivo, como al Legislativo, a abstenerse de continuar llevando adelante, y menos aún aprobar, este Proyecto de Ley, que importa un avance írrito y exorbitante contra las instituciones y una violación en Jujuy del Estado de Derecho”.

Por su parte, la Asociación de Abogados de Jujuy, repudia por las redes sociales, el proyecto de ley recientemente remitido por el gobernador a la Legislatura donde se manda la suspensión de todos los procesos ejecutivos, sean pasados o futuros, contra el Estado como así también la efectivizacion de medidas cautelares, bajo el pretexto de la emergencia sanitaria, violando brutal e inexplicablemente normativa provincial, nacional e internacional.

La restricción que se quiere imponer con tal proyecto es una inaceptable limitación a la garantía constitucional de los y las justiciables de gozar de una tutela jurisdiccional efectiva, contra actos de la administración que violen derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna.

 

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