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Los referentes de la Intersindical de Trabajadores del Estado (ITE) fijaron su rechazo a la conciliación obligatoria dictada en relación al conflicto docente, medida a la que calificaron de “extorsión” por parte del gobierno.
En conferencia de prensa, Fernando Acosta, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, afirmó: “Cuando hay una negociación, una parte reclama y la otra tiene que ver cómo atiende ese reclamo. Y cuando no hay acuerdo, hay medidas de fuerza. Estamos padeciendo una fuerte actitud extorsiva de parte del gobierno porque no permite hacer medidas de fuerza, cuando al mismo tiempo aprieta y condiciona a los trabajadores a vivir de una forma indigna”.
Acosta recordó que el Ejecutivo provincial incumple buena parte del acuerdo firmado en agosto pasado: “Hay miles de trabajadores en forma precaria, en la provincia y en los municipios”, recordó, y agregó: “No solo tenemos la razón, sino que es posible que se haga, porque tenemos la propuesta de cómo hacerlo. No se puede porque el gobierno extorsiona a la población que si no hace un acatamiento ciego a las políticas de la nación nos quedamos sin recursos, y no hace nada para modificar las cosas en la provincia”.
“Entonces, que el gobierno diga que los trabajadores tienen una actitud extorsiva es una barbaridad y es no reconocer el derecho a hacer medidas de fuerza ante la negativa de la patronal”, sentenció.
«Digan lo que digan y hagan lo que hagan»
En la conferencia, los sindicalistas informaron que se resolvió por unanimidad rechazar la propuesta del gobierno, “porque es una propuesta que lo que hace es empeorar la situación, disminuye el poder adquisitivo de los sueldos y deja a los trabajadores desamparados frente a la inflación”.
Además del cumplimiento de todos los puntos del acuerdo firmado en agosto, reclaman un 22 por ciento con un piso de 1.600 pesos, que es lo que se le otorgó a la policía provincial, desde enero, con una retroactividad que permitiría hacer justicia con el desfasaje inflacionario.
“La falta de respuestas por parte del gobierno ante esta demanda se resolvió estas 72 horas de paro para mañana, jueves y viernes”, reafirmó Acosta. Mañana la medida será con movilización provincial, en coincidencia con la que organiza la Central de Trabajadores Argentinos a nivel nacional.
“Vamos a hacer sentir la voluntad de los trabajadores de no permitir que nos sigan imponiendo políticas de hambre –aseveró-; y si seguimos sin soluciones, profundizaremos aun más las medidas de fuerza para hacer valer la decisión de los trabajadores de tener un sueldo digno”.
Advirtió: “Vamos a seguir luchando en forma inclaudicable, digan lo que digan, hagan lo que hagan”.
Por su parte Víctor Aramayo, de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap), explicó que en la última reunión con el gobierno provincial realizaron una exposición previa respecto a una eventual conciliación obligatoria. “Nos negamos a reconocer como autoridad de aplicación a alguien que es juez y parte. Se sientan como funcionarios y a la vez quieren ser árbitros en el conflicto”, señaló.
“Queremos darles un mensaje a los afiliados de base de los sindicatos que integran la administración pública, y a todos los trabajadores, incluidos los docentes –continuó Aramayo-. El gobierno pretende una rebaja salarial encubierta, porque si recién vamos a llegar a un 25,8 en diciembre, vamos a perder entre 20 y 25 puntos porcentuales en nuestro salario. Y no estamos dispuestos a soportar este atropello”.
Sin datos de inflación
Susana Ustárez, de la Asociación de Personal de Organismos de Control (Apoc), puso el foco en la falta de datos ciertos sobre la inflación en la provincia. “El escenario inflacionario es incierto. Lo más sano es monitorear la situación, pero la provincia ha desistido de elaborar un IPC provincial y decidió guiarse por las cifras a nivel nacional, por lo que hay una dificultad para monitorear. Entonces no hay confianza”.
Respecto de la conciliación obligatoria, indicó: “Si no se acata, se puede quitar la personería. Pero la provincia no está habilitada para quitar la personería a nadie, porque no es autoridad de aplicación. Y por otro lado para llamar a conciliación tiene que estar cumpliendo con sus obligaciones, que es pagar los sueldos de manera legal, completa, y haber cumplido acuerdos previos”.
