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Un grupo de abogadas calificaron una denuncia del gobierno de Jujuy como «falsa» contra 23 comuneros acusados por el delito de “homicidio culposo” tras la muerte en julio pasado de una turista en la localidad de Abra Pampa.
Además de repudiar la acusación del gobierno, aseguraron que se debe dictar el sobreseimiento de los imputados luego de conocer el informe de la autopsia.
“Queremos desmentir la falsedad de la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Han demorado mucho en agregar la autopsia, tuvimos acceso al informe del Same, del Hospital de Abra Pampa, y sostenemos que no había relación alguna que se le puede atribuir a los cortes con respecto a la muerte de la mujer”, indicó la abogada Mariana Vargas.
En ese sentido sostuvo que la autopsia practicada a la mujer fallecida revela que sufrió “una muerte súbita, por lo tanto, seguimos con una autopsia que, si bien se demoró, en la fiscalía ni siquiera quisieron transcribirla”, completó en una rueda de prensa realizada en pleno centro de la capital jujeña.
Un total de 23 personas son investigadas por la muerte de Virginia Flores Gómez, ocurrida el 9 de julio pasado cuando viajaba en un colectivo de larga distancia por la ruta 9 y quedó varado en Abra Pampa, a raíz del corte que realizaban comunidades indígenas en protesta contra la reforma constitucional.
La mujer, de nacionalidad boliviana, sufrió una descompensación dentro del vehículo, fue atendida por el SAME y falleció en el trayecto al hospital de esa localidad de la Puna, donde se intentó reanimarla.
Por el hecho, el Gobierno provincial denunció penalmente a los comuneros que realizaban protestas en la ruta 9 a la altura de Abra Pampa, Purmamarca, Humahuaca, Uquía y Tilcara.
“Lo que está haciendo esta causa es justificar ilegalmente el discurso del gobernador, Gerardo Morales, que tiene que ver con instigar a la persecución y el odio y que hoy tiene en el blanco a los originarios y originarias del Tercer Malón de la Paz”, enmarcó Vargas.
A su turno, la letrada Alejandra Cejas, consideró que “se tienen que desestimar las imputaciones. La mujer murió por muerte súbita y nosotros entendemos que corresponde el sobreseimiento por falta de prueba para los imputados”, enfatizó.
“Creo que ni siquiera tendría que haber imputación, tampoco discutir a quienes estaban en los cortes de ruta porque criminológicamente no se adjuntado ningún informe, por lo tanto, es todo un armado que van tratando justificar desde la fiscalía”, aseveró.
Por su parte, la asesora legal de comuneros y comuneras implicados en esta causa, Silvana Llanes, destacó que es “muy importante tener en cuenta que se avanza contra referentes de comunidades originarias que han estado protestando en las permanencias buscando criminalizarlos y callarlos, pero se dieron cuenta que eso no va a pasar”.
Sobre la causa en discusión señaló que “es manifiesta la negligencia con la que se están manejando desde el MPA”, al criticar las “contradicciones en los elementos de prueba que han aportado. Queda claro que el fallecimiento no es consecuencia directa con los cortes de ruta”.
Lorena Mamaní, otra de las abogadas en defensa de los acusados, denunció “irregularidades y el mamarracho jurídico en este expediente en particular”, para luego denunciar que existen “otros cuatro expedientes contra líderes comuneros acusados en varios presuntos delitos”.
