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Afirman que pedido de juicio contra organizaciones sociales de Jujuy tiene «finalidad política»

Organizaciones sociales de Jujuy criticaron la decisión del fiscal Diego Funes de pedir la elevación a juicio de la causa por supuesta extorsión sustanciada contra dirigentes de esas agrupaciones y afirmaron que «tiene relación con la campaña política que lleva adelante el gobernador Gerardo Morales».

«Se viene de una irregularidad tras otra; además se hace sin juez de Control porque el juez se declara incompetente, por lo tanto, siguen sin respetarse nuestros derechos además que no hay denuncias en contra», indicó Sebastián Fernández, delegado nacional del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) en Jujuy.

«La causa entraría en juicio, curiosamente, para los tiempos electorales de Morales respecto a su candidatura», añadió en declaraciones a Télam.

La causa por extorsión tiene siete dirigentes sociales imputados inicialmente, cuyos domicilios fueron allanados el 6 julio pasado, pero luego se sumaron otros referentes de agrupaciones por lo que «habría una segunda parte de la causa».

Fernández y otros dirigentes se hicieron presentes en la sede del Ministerio Público de la Acusación para ser notificados del pedido de elevación de la causa a juicio por parte del fiscal Diego Funes, especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública.

La investigación es contra distintas organizaciones sociales y sus dirigentes de San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá y Calilegua, cuyas sedes y domicilios, 16 en total, donde funcionan algunos merenderos, fueron allanados de forma simultánea el 6 de julio pasado por efectivos de la Policía de la provincia.

La medida fue ordenada por el juez de Control en lo penal y Delitos contra la Administración Pública de Jujuy Rodolfo Fernández (quien luego se declaró incompetente), a solicitud del fiscal Funes, que inició actuaciones de oficio a partir de denuncias de particulares en torno a presuntos delitos relacionados con los planes sociales.

En esos allanamientos «tampoco pudieron recolectar pruebas» con lo cual «armaron la causa con los elementos iniciales que son ilegales de origen porque son productos de una infiltración y tampoco hay elementos de denuncia», expresó Fernández.

El dirigente social recordó que tanto el fiscal Funes como el juez Fernández y otros tres funcionarios del Gobierno provincial «fueron denunciados penalmente en la justicia federal por las infiltraciones que hicieron a organizaciones sociales».

Esa denuncia fue realizada en septiembre pasado por la Comisión Nacional de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos «por la presunta comisión de delitos de acción pública, por hechos violatorios de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional».

Fernández, cuyo domicilio fue uno de los que fueron allanados, al igual que la sede del FOL en Alto Comedero, apuntó que «el nuevo juez (de Control Jorge) Zurueta fue recusado por Funes, por lo tanto «sigue sin un juez la causa, algo verdaderamente inédito».

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