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“El Juez Ustárez confirma que la causa contra organizaciones sindicales y políticas está armada por el gobierno de Morales, en un proceso reaccionario contra las libertades democráticas y el derecho de reclamar”
Con esta contundente frase, el diputado del Partido Obrero Iñaki Aldasoro, imputado junto a decenas de referentes sociales y sindicales, caracterizó el inicio del proceso contravencional que tuvo lugar ayer en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Publica de Jujuy.
Apenas iniciada la audiencia, se repartió una resolución donde el juez rechazaba de manera genérica más de media docena de pedidos de nulidad de la causa, que fueron presentados por las respectivas defensas sin que el organismo dé ningún argumento o respuesta específica sobre cada pedido, como corresponde. Tampoco se aceptó el planteo de arbitrariedad sobre su persona, ya que es un juez designado por el propio poder ejecutivo, ni el pedido de que la causa pase a la justicia ordinaria.
“Ustárez pretende condicionar el proceso a los tiempos del gobierno y no al tiempo real que una causa de esta envergadura, con tantos actores involucrados, necesita en función de que se respete el debido proceso. El Juez ha solicitado el espacio del ISSP por el plazo de un mes para realizar el juicio contravencional, y ése es el plazo que le quiere dar al proceso. Lo que se esconde de fondo es la necesidad del gobierno de “apurar” una causa que estuvo casi dos años paralizada para que no prescriba”.
Frente a todos estos atropellos, el diputado del Partido Obrero señaló que “está muy claro que no estamos ante un proceso que respeta las garantías sino ante un proceso amañado por parte del gobierno que pretende utilizarlo para sostener un cuadro de impunidad de un gobierno agotado, que enfrenta una crisis política particularmente en la justicia, con el escándalo y separación de dos presidentes del STJ en menos de un mes, lo que demuestra que la justicia en Jujuy es un apéndice del gobernador”.
Las fuerzas de Seguridad, que fueron las encargadas de reprimir la movilización por orden del gobierno, son las que presentaron las “pruebas” a la justicia. El gobierno pretende ser juez y parte en este montaje. Por primera vez se pretende imputar a organizaciones sociales, políticas y sindicales y no a sujetos individualizados. Si avanza esta causa es la punta de lanza para la prohibición lisa y llana de las movilizaciones y de las acciones directas de parte de sindicatos y organizaciones sociales. Estamos frente a un intento de cercenar derechos y garantías que fueron conquistados por años de luchas de la clase obrera en este país.
Para finalizar, el diputado Aldasoro planteó que “El Partido Obrero va a impulsar y a proponerle al resto de las organizaciones una gran campaña democrática, con acciones públicas, declaraciones, pronunciamientos, actos y charlas públicas para involucrar a todas las organizaciones y a los trabajadores, la necesidad de defender el derecho a la manifestación pública, contra la regimentación de la protesta, y por la anulación de esta causa armada y la anulación del Código Contravencional (inconstitucional) con el cual se vale el gobierno de Jujuy para regimentar y perseguir luchadores”.
