América Latina no prioriza recursos para la prevención de drogas

En América Latina no predomina el enfoque de prevención en políticas de drogas porque en las instituciones la regla es reprimir más que prevenir, afirmó el asesor en Política de Drogas en la región Juan Carlos Garzón.

 El especialista aseguró a Télam que en América Latina, pese a la distinta situación de cada país, “se vuelve raro hablar de prevención”, porque en las instituciones “la regla es más bien castigar y reprimir que prevenir, lo cual es una deficiencia”.

 “El marco punitivo que sólo se concentra en la represión es un marco rengo y logra que el Estado no destine recursos a lo más importante que es brindar seguridad a los ciudadanos”, indicó Garzón, de visita por Buenos Aires, invitado por la asociación civil Intercambios para participar en diversas charlas.

 Retomando la Declaración de Antigua, producto de la Asamblea de la OEA realizada en Guatemala en junio de 2013, donde predominó el debate sobre las políticas en drogas, Garzón cree que el panorama desde entonces no se modificó demasiado porque “los verdaderos cambios de paradigma llevan tiempo” aunque reconoció la importancia de haber debatido sobre un nuevo enfoque.

 “La Declaración de Antigua marca un precedente, recoge una serie de compromisos pero al final la decisión es de los Estados sobre qué tanto van a profundizar en esos temas”, indicó.

 Sobre ese nuevo enfoque, explicó que la premisa es la de hacer ajustes a la política de drogas y trazar un proceso institucional en el que haya una estrategia más balanceada con enfoque de salud pública, en derechos humanos, quizás con características distintas para cada país porque “no hay un solo modelo de cambio que funcione para todos”.

 Consideró que aún hay incertidumbre sobre cuáles serán los efectos de una posible despenalización y rechazó la idea de que la consecuencia sea debilitar a organizaciones criminales.

 “Las bandas no solo se dedican al narcotráfico como ocurre en México o en Guatemala. Una medida así puede contribuir a pegarle en sus finanzas pero no a que desaparezcan estos grupos”, afirmó.

 Bajo esta perspectiva explicó que lo que puede ocurrir, en ese caso, es que «las fuerzas de seguridad dirijan sus esfuerzos a los delitos graves. El cambio puede generar efectos positivos en términos de que tengamos una justicia más eficiente que no se esté persiguiendo a pequeños narcotraficantes sino que se enfoque en cuestiones más graves», agregó.

 Reconoció que en América Latina el cambio de enfoque se da en forma paulatina y comentó el caso de Guatemala, donde se creó la Comisión para la Reforma de la Política en Drogas -donde es asesor externo- y el de Colombia, donde hay foros regionales.

 Sobre el caso específico de Uruguay -que este año despenalizó el consumo de marihuana y tiene al Estado como regulador- Garzón dijo que para la región es clave esa experiencia en la medida que “marca una ruptura con lo que se estaba haciendo hasta ahora”.

 “Es muy difícil experimentar y ver cómo funcionan otros tipos de políticas de las que siempre se usan. Y Uruguay lo intenta y va dando lecciones de cómo se podría aplicar en otros lugares. Son experiencias importantes en términos de aprendizaje y de experimentación para toda la región”, agregó.

 Por último, Garzón quien también es asesor del ministerio de Justicia de Colombia, opinó sobre el diálogo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en La Habana, actualmente centrado en el debate sobre drogas y narcotráfico.

 Para el especialista, “el punto crítico son los cultivos alternativos”.

 Explicó que hay zonas ocupadas por las FARC en las que está muy lejos del Estado y en este proceso sería bueno “abrir oportunidades y ofrecer alternativas a los campesinos de esas zonas que hasta ahora trabajaron por fuera del Estado”.

 “El Estado tiene un reto complejo pero el proceso puede ser una oportunidad para que llegue a esas zonas cocaleras”, indicó.

 En cuanto a las FARC, señaló que “hay que mirarlas como el motivo y el pretexto; han tenido participación en los cultivos ilícitos pero también siempre fueron un pretexto del Estado para no llegar a zonas remotas y con este proceso se puede desmontar los motivos y pretextos”, sintetizó.