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Por APDH Jujuy. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Jujuy (APDH) repudia el desalojo sufrido ayer por la comunidad Tusca Pacha y la detención arbitraria de una de sus integrantes, avalados por Walter Hugo Rondón y Martín Lavilla, fiscal y ayudante de fiscal respectivamente.
Esta comunidad viene siendo víctima de un hostigamiento permanente por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia, del gobierno y de la justicia, que no respetan la Ley 26.160, por la que se suspende ejecución de sentencias y desalojos a comunidades indígenas de las tierras que ocupan.
En la mañana de hoy martes 4, en el marco de la feria judicial, se llevó a cabo un operativo de desalojo ilegal, con maquinaria de gran porte favoreciendo los intereses económicos de la inmobiliaria Sucre en detrimento de la Familia Maraz de la mencionada comunidad indígena, violando la Ley 26.160, la Constitución Nacional (Art. 75, inc. 17) y la ratificación del Convenio 169 de la OIT.
Integrantes de la comunidad, en defensa de su territorio y del trabajo de siembra ya realizado, se interpusieron, y fue así como resultó detenida Rosa Gutiérrez, quien posteriormente fuera liberada e imputada por daños.
Desde APDH Regional Jujuy reclamamos al gobierno de la provincia de Jujuy y a la justicia que respeten las leyes vigentes y que garanticen los derechos de las comunidades originarias sobre sus territorios ancestrales. El negocio inmobiliario no puede atropellar derechos adquiridos.
Al mismo tiempo, exigimos que, como corresponde en un verdadero estado de derecho, se pongan en movimiento los mecanismos que permitan establecer las responsabilidades civiles y penales de los funcionarios administrativos y judiciales involucrados en los hechos violatorios de las normas vigentes. Como miembros de la comunidad jujeña tenemos el deber de impedir más indiferencia y desprecio a los derechos amparados por la normativa vigente.
