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Arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos

Por Georgina Torino y Álvaro Agostini para H.I.J.O.S. Jujuy El 21 de diciembre de 2010, por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidxs- Desaparecidxs (FEDEFAM), la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En nuestro país, lxs detenidxs-desaparecidxs fueron la figura que pone en evidencia la crueldad de la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy en día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.

Es por eso que este día constituye un aporte al fortalecimiento de la conciencia mundial sobre la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas y se inscribe en el permanente reclamo de los organismos de derechos humanos para prevenir y erradicar toda forma de autoritarismo.

¿ A qué se denomina desaparición forzada?

La desaparición forzada, obedeció a una práctica consolidada en los exterminios masivos durante los cuales lxs perpetradores cometen los crímenes y borran los rastros para procurar impunidad. Las Fuerzas Armadas argentinas utilizaron entre sus métodos de desaparición la sustracción de la identidad de las víctimas, el robo de niñxs, la prisión de cientos de personas en centros clandestinos, ejecuciones durante los llamados vuelos de la muerte y el entierro de prisionerxs asesinadxs en fosas comunes bajo la figura del NN.

La experiencia argentina impulsó a la Corte Penal Internacional a tipificar en 1998 la figura de la desaparición forzada de personas como delito de lesa humanidad. Años más tarde, en 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas ratificada por Argentina ese mismo año.

La ley 26.298 define actualmente como desaparición forzada de personas “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

El origen histórico del sistema de desaparición de personas se remonta al nazismo, a partir del Decreto “Noche y Niebla” de Hitler, en 1941, que disponía: “los opositores deben ser detenidos durante la noche y la niebla y llevados clandestinamente (…) sin dar otra información que el hecho de su detención”.

Las técnicas nazis de terrorismo de Estado fueron aprendidas por lxs militares argentinos en primer lugar en la escuela francesa de la Escuela Superior de Guerra Argentina, desde fines de la década de 1950, y luego en la Escuela de las Américas. Desde esos años se comienzan a planificar las dictaduras para vencer a “los opositores” que para ellxs eran todas las personas que formaban parte del gran movimiento social que se había construido en nuestro país: estudiantes, obrerxs, intelectuales, cantantes, actores, actrices, periodistas, escritores, y todx aquel o aquella que se atrevía a reclamar igualdad y justicia social, es decir, que cuestionara el orden social establecido.

Lxs genocidas del proceso no se conformaron con racionalizar las desapariciones forzadas, los asesinatos, también agregaron otra novedad a su modus operandi: las liberaciones, que a diferencia de lo que pasó en el nazismo donde la mayor cantidad de liberaciones se produjeron tras la caída del régimen, en la dictadura Argentina los ex presxs políticxs, desaparecidxs que fueron liberadxs, y que hoy conocemos como “sobrevivientes”, formaron parte de la tecnología ideada y constituida por el terrorismo de Estado como forma de intervenir en la subjetividad social en múltiples niveles.

Por un lado, los militares llevaban a cabo un proceso de liberar y detener nuevamente pero esta vez “legalmente” a lxs liberadxs que eran encontradxs dopadxs con pentotal o con alguna otra sustancia y cargando propaganda política, armas y drogas; fue una manera que encontraron de construir su propio relato de la verdad. Y por otro lado también utilizaron este mecanismo para difundir sus actividades con motivo de amedrentar y disciplinar a toda la sociedad.

Lxs represores deseaban que sus crueldades fueran conocidas por toda la sociedad para impartir el miedo. Pensaban que, de esa forma, paralizarían a todxs lxs que quisieran oponérseles, pero no fue así, hoy lxs “sobrevivientes” son quienes aportan la mayor cantidad de pruebas y alegatos en contra del plan de exterminio para reconstruir la memoria, la verdad y hacer justicia.

Cuando el estado argentino se convirtió en terrorista

Las primeras desapariciones y centros clandestinos de detención se instalaron en nuestro país en el año 1974, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y continuaron hasta 1984, durante el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín.

El mayor número de personas desaparecidas se intensificó durante el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando la Junta Militar, al mando de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, miembros de las tres fuerzas armadas, aliados con sectores empresariales y de la iglesia, arrebataron la conducción del país. Eran lxs asesinxs e intolerantes que se habían adueñado del aparato del Estado para implementar un plan increíblemente macabro que negaba la sustantividad de la vida. No hubo excesos, se trató de otra cosa: de la fría y cuasi científica planificación del exceso.

En ese momento se instauró como política de Estado el secuestro y desaparición por motivos políticos y religiosos, ya que para la dictadura “un terrorista -expresado por el mismo Videla- no es sólo alguien con un arma de fuego o una bomba, sino una persona que disemina ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana”. Por eso se intervinieron todos los campos: cultura, medios de comunicación, economía, política y gremios. Lxs detenidxs pasaban a ser presxs políticxs y eran encerradxs en centros clandestinos de detención, donde lxs sometían a terribles torturas y en muchos casos lxs asesinaban.

Lxs uniformadxs y sus aliadxs civiles venían a imponer un nuevo modelo de sociedad, a terminar con todo el desarrollo nacional independiente y a disciplinar a un país con una larga tradición de lucha y conciencia gremial. El Estado, que debía garantizar a los ciudadanos educación, salud, seguridad y justicia, se convirtió en terrorista, transformándose en un poderoso instrumento de represión, ignorante del derecho en general y de los derechos humanos más elementales, cuyo objetivo era reorganizar en sentido regresivo la sociedad argentina entronizando la injusticia, la insensibilidad social y la ignorancia.

La provincia de Jujuy no fue la excepción, nuestra tierra sufrió cruelmente la dictadura militar, de lxs 30.000 desaparecidxs de nuestro país más de 140 integran la nómina de Jujuy, es decir, más de un centenar de familias aún siguen la búsqueda de sus seres queridxs. Sumado a eso, cientos de ex presxs políticxs y otrxs tantxs de exiliadxs, por lo que se calcula que fueron más de un millar las personas afectadas directamente por la última dictadura militar en nuestra provincia.

Lo imposible solo tarda un poco más… los juicios en Jujuy

Los Organismos de Derechos Humanos de Jujuy han batallado duramente con la justicia para poder sentar en el banquillo de lxs acusadxs a lxs genocidas civiles y militares. Nuestra provincia fue la última provincia del país en llegar al primer juicio oral, luego de diez años declarada la inconstitucionalidad por la corte suprema de las leyes de punto final y obediencia debida, fue un logro poder avanzar sobre la resistencia de la corporación judicial para que se investiguen los crímenes de la dictadura.

Los juicios de lesa humanidad en Jujuy comenzaron recién en el año 2012, con estos juicios se está condenando a los responsables del plan sistematico; económico, político, social y cultural, objetivo por el que se masacraron y desaparecieron personas, se está condenando el terrorismo de Estado y también se están contando las historias de lxs compañerxs desaparecidxs,  a quienes intentaron dejar sin voz. Lxs sobervivientes y familiares le ponen el cuerpo en cada testimonial, se convierten en ellxs, son sus voces,  y nosotrxs nunca dejaremos de reivindicar sus luchas, su compromiso y su militancia por un país para todxs.

Actualmente ya se realizaron 5 juicios de lesa humanidad en los que logramos condenar a más 30 represores y estamos transitando el proceso del 6to juicio que aún no ha concluido. En la mayoría de estos procesos H.I.J.O.S. Jujuy es querellante.

El primer juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy se llevó adelante en el año 2012, en el mismo se ventilaron 5 causas y se condenó a los ex tenientes Mariano “Cara Cortada” Braga y José Eduardo Bulgheroni a reclusión perpetua, en tanto que a Antonio Vargas le otorgaron 25 años de prisión.

En 2013 comenzó el segundo juicio, en mayo de 2014 se sentenció a los represores Antonio Orlando Vargas, César Darío Díaz y Orlando Ricardo Ortiz a prisión perpetua, por otra parte, Alberto Ortiz recibió 15 años; Mario Gutiérrez 12 años; y Ernesto Zárate 9 años de prisión.

Dos años después, cuando promediaba el 2015 dio inicio el tercer juicio en Jujuy en el que hubo 13 imputados, las penas fueron de 14 años de prisión para el ex teniente Horacio Marengo y 12 años para diez ex miembros del Servicio Penitenciario Federal, quedando absueltos Rubén Eduardo Zinc y Juan Héctor Guenchal.

Ese mismo año empezó el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad, el Tribunal Oral Federal de Jujuy emitió las siguientes condenas: prisión perpetua para Rafael Mariano Braga y Alberto Callao, 18 años para Ramón Herrera, 14 años para Raúl Armando Claros y Juan Carlos Vaca, 8 años para Ciro Goyechea, 5 años para Catalino Soto y Ernesto Mendoza, y 3 años para Félix Batalla y Federico Colmenares.

En el año 2017, empezó el quinto juicio, las condenas fueron de 13 años para Ramón Sánchez, Francisco Díaz y Oscar Guzmán, mientras que el ex comisario, Arturo Morales recibió  12 años, por su parte Aida Ruíz y Víctor Aldana fueron condenados a 4 y 2 años, respectivamente.

En el año 2018 comenzó el 6to juicio de lesa humanidad, es un megajuicio en el que se está juzgando la responsabilidad sobre los hechos ocurridos en contra de más de 120 víctimas, 44 desaparecidxs y 76 sobrevivientes. Alrededor de 300 testigxs están aportando información, y 23 imputados de las distintas fuerzas de seguridad y armadas están rindiendo cuentas sobre los delitos que cometieron.

El proceso antes mencionado está llegando a su etapa final pero este año quedó en suspenso debido a la pandemia por covid-19, que impide la realización de las audiencias presenciales del juicio, las cuales se reanudarán cuando la situación sanitaria sea segura.

Los Organismos de Derechos Humanos con lxs familiares, ex presxs políticxs, las Abuelas, las Madres, lxs H.I.J.O.S. de Jujuy somos lxs garantes de que las voces de esa generación que intentaron silenciar nunca callen, y de seguir exigiendo que se haga justicia por nuestrxs seres queridxs, y que la sociedad nunca olvide a nuestrxs desaparecidxs.

“Qué manto de memoria se podría tejer con esos pedacitos de memoria no dichos, fragmentados, dispersos, que muchxs testigxs y víctimas guardan para sí, como inmovilizadxs en su antiguo lugar. Un manto consolador y abrigador contra repeticiones posibles. Los crímenes del pasado perviven en lo que se calla de ellos en el presente”. (Juan Gelman)

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