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A solo seis meses de haber asumido el poder, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta su peor crisis política y social. Un escenario marcado por cortes de rutas, reclamos salariales generalizados y escasez de combustible mantiene en vilo al país vecino, con protestas que ya cumplieron más de diez días y se extienden por cerca de 70 puntos estratégicos del territorio.
El conflicto escaló este sábado cuando el gobierno decidió desplegar a las fuerzas de seguridad para intentar destrabar las rutas y garantizar el suministro de alimentos, combustible y oxígeno medicinal a La Paz. Aunque las demandas iniciales se concentraban en mejoras salariales por parte de maestros públicos y pedidos de áreas de explotación para el sector minero, las protestas se radicalizaron y diversos sectores sociales comenzaron a exigir de forma directa la renuncia del mandatario.
SÓLO QUEDA LA RENUNCIA: Mario Argollo, Secretario Ejecutivo Central Obrera Boliviana. @teleSURtv pic.twitter.com/QjbifasGos
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) May 14, 2026
Desabastecimiento crítico y millonarias pérdidas en La Paz
El impacto económico de las medidas de fuerza golpea con dureza a la capital boliviana. De acuerdo con los datos de la Cámara Departamental de Industrias, la región registra pérdidas estimadas en 15 millones de dólares por día debido al freno en el transporte y la parálisis productiva.
La falta de insumos obligó a varias plantas industriales a suspender operaciones, provocando en paralelo un fuerte aumento en los precios de los alimentos básicos. No obstante, la mayor alarma se concentra en el sistema sanitario: camiones cargados con oxígeno medicinal quedaron varados en los bloqueos y desde los hospitales reportaron desabastecimiento crítico. El propio Ejecutivo denunció que al menos tres personas fallecieron al no poder recibir asistencia médica a tiempo debido a las interrupciones viales.
En respuesta, la administración central activó el operativo «Corredor Humanitario», movilizando a más de 3.500 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas para despejar los accesos. Durante los operativos se registraron enfrentamientos con manifestantes que utilizaron piedras y explosivos caseros, aunque las autoridades aseguraron que las fuerzas actuaron sin armamento letal.
Cruce de acusaciones entre el oficialismo y Evo Morales
Desde el palacio de gobierno apuntaron contra el expresidente Evo Morales, acusándolo de instrumentalizar el malestar social para promover la desestabilización del país. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que las demandas sectoriales fueron atendidas y que detrás de la radicalización existen «fuerzas oscuras» que buscan quebrar la democracia.
Rodrigo Paz respaldó esta postura y advirtió que quienes atenten contra el orden constitucional terminarán tras las rejas, argumentando además que recibió un «Estado quebrado» por la gestión anterior. Desde la vereda opuesta, la oposición enfatiza la debilidad parlamentaria del presidente y la lentitud para dar respuestas estructurales a la crisis económica.
Por su parte, Evo Morales utilizó sus redes sociales para rechazar las denuncias del oficialismo y defender el derecho a la protesta. El líder cocalero acusó al mandatario de criminalizar las movilizaciones y cuestionó el uso de las fuerzas de seguridad para contener el reclamo popular, profundizando una fractura política que amenaza con extender el conflicto en las rutas bolivianas.
