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En Bolivia se dictó la primera condena por las armas que envió el gobierno de Mauricio Macri para apoyar el golpe contra Evo Morales en noviembre de 2019. Se trata de Renzo Pedro Arteaga Fernández, un exfuncionario de la Cancillería boliviana que admitió su culpabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión.
La sentencia es por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de documentos. Para la justicia boliviana, Arteaga Fernández motorizó irregularmente un pedido del entonces embajador Normando Álvarez García para que llegaran los gendarmes y las armas.
“Es importante que la justicia boliviana vaya avanzando y que haya una sentencia, a diferencia de lo que sucede con los tribunales en la Argentina”, evaluó el embajador argentino Ariel Basteiro.
El 11 de noviembre de 2019, el entonces embajador argentino en La Paz, el jujeño Normando Álvarez García, envió un pedido a la Cancillería boliviana para la internación de un contingente de gendarmes de la agrupación Alacrán, que iría con sus armas a «brindar seguridad» a la embajada y a la residencia del embajador, según se argumentó.
Quien le dio un trámite irregular al pedido de Álvarez García, ese mismo día, fue Arteaga Fernández, que ejercía entonces como responsable de Escritorio de Sobrevuelo, Aterrizaje y Porte de Armas del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional.
Para la justicia boliviana, con esa nota de Álvarez García -actual ministro de Gobierno de Gerardo Morales en Jujuy- se empezó a gestionar el armamento que llegaría ilegalmente a manos de las fuerzas bolivianas.
“El procesamiento de la nota que fue fraguada al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores por el denunciado Renzo Arteaga Fernández resultó ser el instrumento que promovió el tráfico ilícito de armas que se materializó en fecha 13 de noviembre de 2019”, dice el acuerdo de juicio abreviado que firmó Arteaga Fernández, quien se desempeñaba en la Cancillería desde 2011.
El camino del armamento
Tras la llegada de un Hércules en la madrugada del 13 de noviembre de 2019, 70.000 balas antitumulto –que habían salido como “complemento” desde la Argentina– se repartieron entre la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la policía local. La maniobra se conoció en julio del año pasado, cuando apareció una nota del entonces comandante de la FAB, Jorge Gonzalo Terceros Lara, agradeciéndole a Álvarez García por el armamento. La misiva fue revelada por Página/12.
Con el tiempo se supo que la FAB retiró su parte del armamento desde el hangar de los Diablos Negros -donde estaba estacionado el Hércules argentino- mientras que la policía boliviana trasladó a los gendarmes argentinos. Cuando ellos bajaron, en las camionetas quedaron las cajas con cartuchos antitumulto, que fueron a parar a un depósito policial cerca de la capital boliviana.
Los jefes de la Gendarmería, para justificar el faltante, dijeron que los efectivos habían usado las balas en entrenamientos. Sin embargo, todos los que declararon ante la justicia dijeron que jamás activaron un arma durante su estadía en Bolivia y mucho menos para disparar balas de goma.
La causa en Bolivia
La investigación contra el exfuncionario de la Cancillería boliviana se inició tras una denuncia del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional a la que después se sumaron las carteras de Gobierno y Defensa.
Según fuentes bolivianas, hay otro tramo de la investigación centrada en el tráfico de armas desde Argentina que está avanzando: es la que está centrada en el rol de Terceros Lara y Vladimir Yuri Calderón, el exjefe de la policía boliviana. Restaría que se presente el peritaje de la carta de agradecimiento de Terceros Lara para que la fiscalía esté en condiciones de hacer una acusación formal y pedir la condena.
“En Bolivia hay una sentencia y en Argentina la justicia se niega a llamar a declarar (como imputados) a los responsables: el expresidente, los exministros y los exfuncionarios”, remarca Basteiro desde La Paz.
La causa en Argentina
En Argentina, en tanto, hay una denuncia -promovida por el gobierno de Alberto Fernández- en el fuero penal económico por contrabando agravado de armas en las que están imputados, entre otros, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Oscar Aguad, Marcos Peña, Álvarez García y el excomandante de Gendarmería Gerardo Otero, un hombre de confianza de la entonces ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO.
La causa está en manos del juez Alejandro Catania, que ha tomado declaración a los gendarmes que integraron los tres contingentes que viajaron a Bolivia o a los que estuvieron vinculados al traslado del armamento.
El magistrado también citó a la tripulación de la Fuerza Aérea Argentina, que trasladó a los gendarmes en el Hércules que aterrizó en Bolivia en la madrugada del 13 de noviembre. Según reveló el diario Página/12, Catania tenía previsto también pedirles que declaren a los funcionarios de la Aduana que hayan estado involucrados en la salida de los cartuchos.
Después, el juez debería resolver si llama a indagatoria a los gendarmes denunciados o a los exfuncionarios macristas.
El ministro de Justicia, Martín Soria, ha denunciado que la justicia argentina tiene un tiempo diferencial para las causas que involucran a Macri y otro para las que hacen foco en Cristina Fernández de Kirchner, y que eso se comprueba aún en un expediente que tiene abundante prueba como es el del tráfico de armamento hacia Bolivia.
