Buscan evitar por ley que el Gobierno desguace el programa ENIA  

Frente al desmantelamiento que el Gobierno nacional lleva adelante del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que en apenas cinco años redujo los embarazos en esa edad en casi un 50 por ciento y se convirtió en un modelo para el mundo, senadores de Unión por la Patria, junto con organizaciones y referentes en salud y derechos humanos especializadas en el tema, presentaron un proyecto de ley para darle continuidad y rango legal al Plan.

El 19 de abril pasado, integrantes del Consejo Consultivo del Plan ENIA y referentes en el tema se reunieron con los legisladores para advertir sobre la grave situación en la que se encuentra el proyecto. Ahora, conocido el estado de situación a partir de pedidos de informes al Poder Ejecutivo, se presentó el proyecto que lleva las firmas de los senadores Oscar Parrilli, Wado de Pedro, Silvia Sapag, Alicia Kirchner y Carolina Moisés, que ahora espera su giro a las comisiones de Salud, Educación y cultura y Presupuesto.

El Plan ENIA es una política pública interministerial de alcance federal que se puso en marcha durante el gobierno de Mauricio Macri y se profundizó en la gestión de Alberto Fernández. En sus cinco años de funcionamiento se implementó en 36 departamentos de 12 provincias del NEA y NOA y en la provincia de Buenos Aires, priorizados por la cantidad de embarazos no intencionales que registraban, pero en 2023, por la gran relevancia que tomó el programa, el gobierno nacional aprobó un Convenio Marco de Adhesión que extendió su aplicación a todo el territorio nacional.

El impacto de este Plan fue sorprendente. En 2018, 7 de cada 10 embarazos en la adolescencia de entre 15 y 19 años eran no intencionales y la cifra aumentaba a 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años, la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Para 2021, se logró reducir estas estadísticas a 5 de cada 10 embarazos en adolescentes de 15 a 19 años, y a 7 de cada 10 en niñas menores de 15 años.

Según datos del Proyecto Mirar, la tasa de embarazo en la adolescencia se redujo en un 49%, y los resultados del Censo 2022 acompañaron este resultado mostrando una reducción del 50 por ciento en la cantidad de adolescentes con hijos/as.

De acuerdo con un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, el funcionamiento del Plan ENIA le permite al Estado ahorrar 140 millones de dólares al año si se contrasta con los costos asociados a la atención de embarazos y partos en adolescentes.

En ese sentido, el senador Parrilli advirtió sobre la importancia de esta política que no solamente “cierra desde lo humano, sino que también en el Excel del que tanto se habla ahora”. Es decir que no solo trabaja sobre el derecho a la salud y pone un freno a la continuidad de la pobreza intergeneracional, sino que además es beneficioso para el desarrollo económico del país.

La iniciativa surge luego de que el Gobierno nacional suspendiera los fondos destinados a sostener las oficinas en las que funcionaba el Plan ENIA en cinco provincias, despidiera a 619 trabajadores del programa, dejando a solo 57 agentes activos, y desfinanciara las partidas presupuestarias destinadas a la compra de insumos.

La desarticulación del programa se dio bajo el argumento de que el gasto debería ser transferido a las provincias y los trabajadores absorbidos por ellas.

Marisa Labovsky, integrante del Consejo Consultivo por la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil, dijo en diálogo con Página 12: “La fortaleza de este plan no tiene que ver sólo con la distribución de los insumos de anticoncepción, sino también con el trabajo mancomunado de las personas capacitadas que se dedicaron todos estos años a recibir a los adolescentes en las escuelas, hacerles el nexo con los centros de atención primaria u hospitales, acompañarlos en los procesos y generar un ámbito de confianza y contención, que posibilitó además que muchos chicos pudieran denunciar situaciones de abuso”.

Además, este mismo miércoles, el Consejo Consultivo recibió la noticia de que la licitación de este año se cayó. “Lo único que queda es lo que había comprado en la gestión anterior y ya se está terminando”, advirtió Labovsky.

“Lo que buscamos con este proyecto es dar un marco legal y un resguardo político que puedan hacer que este programa tan importante trascienda las decisiones políticas o económicas del momento y pueda continuar independientemente del gobierno de turno”, explicó María Elisa Moltoni, que integra el Consejo Consultivo por la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción.

Por su parte, De Pedro agradeció el compromiso de las organizaciones y celebró la rapidez con la que se accionó frente a esta problemática. “Que en tan poco tiempo podamos tener el pedido de informe y un proyecto de ley habla de la importancia de esta causa tan noble. Ya confirmamos la insensibilidad de este gobierno, pero para nosotros esto no es un gasto, es una inversión fundamental”.

En ese sentido, la senadora Sapag reflexionó: «Estamos en tiempos difíciles, de mucha tensión, donde muchas de las batallas son de resistencia. Proyectos como este nos devuelven a nuestro camino. No ubica en nuestro objetivo como senadores que tiene que ver con formular leyes enmarcadas dentro de la justicia social”.

Página/12

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