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El Concejo Deliberante de Palpalá aprobó tres pedidos de informes sobre las estructuras instaladas en tierras estatales sin que se conozcan las habilitaciones correspondientes. Entre versiones cruzadas del Gobierno provincial y la falta de avales nacionales, resurge la preocupación por la trazabilidad y la legalidad del predio.
La polémica se refiere a la instalación de cinco naves productivas en la Finca El Remate, departamento de Palpalá, un predio que ya fue etiquetado como «Cannava 2» que se encuentra ubicado fuera de los polígonos originalmente autorizados para la empresa estatal de producción cannábica en la Finca El Pongo.
Frente al hermetismo en torno a las obras, el Concejo Deliberante de Palpalá aprobó de manera unificada tres pedidos de informes dirigidos tanto al Ejecutivo provincial como al municipal.
La iniciativa pretende obtener información sobre el tipo de actividades que se realizan en el lugar; si existen planos aprobados, estudios de impacto ambiental y controles de seguridad e higiene, y cuál es la situación tributaria de la firma estatal en la jurisdicción.
Falta de avales federales y vacíos legales
Durante la sesión en el recinto, la dirigente del Movimiento Popular Jujeño Cristina Guzmán respaldó los reclamos y alertó sobre la gravedad del caso. Afirmó que las instalaciones no cuentan con las autorizaciones obligatorias del Ministerio de Seguridad de la Nación, del Ministerio de Salud de la Nación ni de las dependencias provinciales pertinentes.
Asimismo, la referente calificó el despliegue como un «hecho del príncipe», señalando que las construcciones comenzaron durante la gestión de Gerardo Morales y continúan bajo la actual administración del gobernador Carlos Sadir sin haber pasado por los canales de control correspondientes.
Cuestionamientos y contradicciones
Desde el bloque de La Libertad Avanza, el concejal Rodrigo Reinaga sostuvo que la condición de empresa estatal no exime a Cannava S.E. de cumplir con la normativa municipal aplicable a cualquier emprendimiento. Y refutó los dichos del secretario de Comunicación provincial, Alberto Siufi, quien había asegurado que el lugar era de libre acceso. Tras inspeccionar la zona, Reinaga reveló que el predio está completamente perimetrado, iluminado y bajo vigilancia policial.
En tanto, las explicaciones oficiales han mostrado inconsistencias. Días atrás, el propio Siufi afirmó que el Gobierno «no tenía nada que ver» con lo que sucedía en El Remate, para luego rectificarse y argumentar que Cannava desarrolla allí tareas de investigación, conservación de germoplasma y selección genética. Al ser consultado sobre los permisos edilicios y municipales del predio, el vocero evitó dar explicaciones y remitió las consultas al presidente de la empresa estatal, Ignacio Bruera.
Si bien Cannava S.E. fue promocionada bajo la premisa de la rigurosidad farmacéutica y el control estatal, la aparición de infraestructura masiva sin expediente público ni avales visibles compromete la trazabilidad del proyecto y alimenta las sospechas sobre las verdaderas condiciones de su operatividad en El Remate.
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