Casados con la impunidad

La Cámara Nacional de Casación Penal viene dictando una serie de “fallos de época”, exculpando a condenados por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, los hijos de los genocidas piden declarar y extienden la esperanza.

Justo en el momento en que me predispongo a escribir estas líneas que pretenden reflexionar sobre el retroceso en materia de juzgamiento por delitos de lesa humanidad que hemos sufrido a partir de ciertos fallos de la Cámara de Casación Penal, me llega un artículo titulado Por amor a la vida que comienza diciendo: “Los genocidas argentinos han sufrido ayer la peor derrota de su cruzada criminal. Y han perdido para siempre. Se trata de aquella que ni siquiera la influencia de los vínculos primarios pudo evitar”. Es que los hijos “desobedientes”, como ellos mismos se llaman, de los perpetradores del terrorismo de Estado presentaron un proyecto de ley para que se les permita dar testimonio de los horrores que les tocó vivir, aunque eso implique declarar contra sus familiares.

Y retomo mi reflexión, ahora con la convicción de que la Memoria, la Verdad y la Justicia son realidades consagradas. Pero la política juega un rol trascendental. Y hablo de la política en sentido amplio, esa que supo encarnar el Estado argentino desde 2003 en adelante, para que los crímenes ocurridos durante la última dictadura cívico militar no permanezcan en la impunidad. Y es a partir de esa decisión que el Poder Judicial toma para sí la tarea de realizar Justicia, consagrando en un centenar de fallos el Nunca Más reclamado por el pueblo argentino.

Pese a ello, desde 2016 a esta parte hemos visto cómo la Cámara de Casación Penal decidió anular sentencias por delitos de lesa humanidad, regresando en criterios que eran unánimes a lo ancho y lo largo del país en todos los tribunales. La Cámara exige mayor caudal probatorio en crímenes que se cometieron al amparo del Estado, ocultado a los ideólogos y ejecutores, en operativos que en su mayoría eran nocturnos, con las víctimas encapuchadas o tabicadas sumergidas en el terror, donde con posterioridad se destruyó toda evidencia de las acciones criminales, al punto de desaparecer los cuerpos de las víctimas. Y no sólo esto, los jueces de la Casación vuelven a victimizar a los testigos víctimas, quitando valor a sus testimonios por considerar que son “parte interesada”. Y nos preguntamos, ¿interesadas en qué sino es en la Verdad y la Justicia?, no obstante, dicho interés – para la Cámara- quitaría verosimilitud a sus relatos.

En marzo de 2015, sufrimos un gran embate en la famosa causa de “La Noche del Apagón” en Jujuy, cuando esta Cámara en su Sala IV decidió sellar la impunidad de los empresarios del Ingenio Ledesma, porque hacía falta probar que cuando decidieron prestar las camionetas de la empresa a las fuerzas represivas, lo hacían a sabiendas de que se usarían para secuestrar a decenas de personas. Tiempos difíciles, cuando hay que probar lo evidente, nos enseña Brecht. Y así, ya se presagiaba lo que luego la Cámara de Casación Penal, con cambio de gobierno nacional mediante, comenzaría a hacer, más no solo con el poder empresarial, sino también con los miembros de las fuerzas de seguridad.

En la causa por la Masacre de Capilla del Rosario en Catamarca, en junio de 2016 la Cámara revocó la prisión perpetua de tres ex militares por considerar que los hechos no revestían la categoría de “crímenes de lesa humanidad”. Lo mismo hace, pero un año más tarde con la causa “La Veloz del Norte” en Salta, única sentencia al poder empresarial por los crímenes cometidos en la dictadura cívico militar, absolviendo al empresario Marcos Levín y a tres policías sobre quienes ya pesan condenas por estos tipos de delitos. Y hace unos días la Sala III del máximo tribunal nacional en materia penal declara la nulidad de la condena a un militar que se autodenominaba preso político y reivindicó el terrorismo de estado, ordenando su inmediata libertad.

Estos son solo unos ejemplos, enmarcados en la Cámara de Casación Penal, que dan cuenta de “fallos de época”. Época donde el Estado a través de distintos funcionarios han vuelto a poner en cuestión realidades consagradas no solo en las sentencias sino también ya en la memoria colectiva de nuestro pueblo: los 30.000 no son 30.000, existieron bandos, los genocidas son viejitos indefensos y cuantas otras barbaridades se les ocurrió, al punto de llegar al fallo del 2×1 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la realidad paralizó de un topetazo (movilización popular y ley del Congreso mediante).

Pero ahora son sus mismos HIJOS –en rebeldía- los que piden por la Memoria, la Verdad y la Justicia, exigiendo prisión por los graves crímenes que cometieron. Ahora, esperemos que oigan padres y jueces.

Por María José Castillo, abogada, querellante en causas por crímenes contra la humanidad