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Las cinco querellas y la fiscal general Verónica Escribano solicitaron el apartamiento del juez Gustavo Lleral, quien había resuelto el cierre de la causa por «desaparición forzada» de Santiago Maldonado. Fue en la audiencia realizada este miércoles ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia
Las querellas coincidieron en que el juez Lleral incumplió con lo dictado por las instancias superiores que le ordenaron profundizar la investigación y señalaron que el propio magistrado en más de una oportunidad manifestó su deseo de apartarse, por tener una postura tomada.
La audiencia fue encabezada por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, quien cedió la palabra en primer término a Nicolás Tauber Sanz, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).
La querella de la familia de #SantiagoMaldonado asiste de manera virtual a la audiencia de apelación ante la Cámara de Comodoro Rivadavia. Solicitan se siga investigando el caso.
En la sede de la @CTAAutonoma, su hermano Sergio es acompañado por referentes de distintos sectores. pic.twitter.com/xBiGjUom62— Canal Abierto (@canalabiertoar) February 28, 2024
El abogado de la AEDD sostuvo que «el juez Lleral decidió desoír a esta Cámara que el 5 de septiembre del 2019, al revocar el primer sobreseimiento, le ordenó proceder para la dilucidación de los hechos, igual que la Cámara Federal de Casación Penal que ordenó profundizar la investigación».
«Sin embargo en estos 4 años y medio no se avanzó y los únicos movimientos que tuvo la causa fueron para cerrarla, sin producir una sola prueba, y con un criterio insólito dispuso el archivo», agregó.
También cuestionó que el archivo de la causa y el apartamiento de los gendarmes investigados fue una «ofrenda política para la actual ministra de seguridad Patricia Bullrich, a dos días de las elecciones en las que participaba como candidata», en referencia a las PASO de 2023.
En la misma línea argumentó la abogada Verónica Heredia, quien representa a la familia de la víctima, indicando que «el archivo de la causa fue como un favor político para quien actualmente es ministra, estaba como candidata y fue ministra de seguridad cuando ocurrieron los hechos».
Además cuestionó que no se tuvieron en cuenta pericias que podrían haber sido claves para dilucidar lo que pasó.
A su turno el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, Pablo Lachener, cuestionó el sobreseimiento de los gendarmes Emmanuel Echazú, Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila y Marcelo Ferreyra, porque Maldonado «de ninguna manera murió por circunstancias fortuitas y azarosas».
Para el abogado del CELS «la resolución de Lleral de archivar la causa por inexistencia de delito es calcada, foja por foja, a una anterior del mismo juez» a quien cuestionó por la falta de interés en la investigación.
“Acá la víctima es mi hermano y, luego, todos nosotros, su familia, que desde hace seis años y medio estamos buscando justicia”, sostuvo Sergio, hermano de Santiago Maldonado, durante la audiencia de este miércoles.
La audiencia se realizó con modalidad mixta, los jueces en el tribunal y por Zoom las partes. La querella de los Maldonado lo hizo desde la sede de la CTA Autónoma, en el centro porteño, acompañada por el anfitrión Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la central, los diputados del FIT Alejandro Vilca y Nicolás del Caño, la legisladora porteña Celeste Fierro, Eduardo Belliboni del Polo Obrero y referentes de derechos humanos.
La abogada querellante Verónica Heredia, en representación de la familia Maldonado, también cuestionó al juez Lleral, reclamó la reapertura de la causa y fundamentó que debía tramitarse como “desaparición forzada de personas”.
“De ahora en más, esperamos que comience la investigación que sostenemos nunca se inició, obviamente con otro juez o jueza. Todas las querellas y el Ministerio Público Fiscal solicitamos que se aparte al juez Lleral que en reiteradas oportunidades afirmó, reconoció, admitió que no es un juez imparcial en esta causa”, sostuvo Heredia en diálogo con Canal Abierto.
La abogada señaló varios puntos sin responder por la “no investigación” de Lleral: la data de muerte, el lugar ni cómo falleció Santiago. “Con estas preguntas básicas sin responder, evidentemente no se puede descartar ninguna hipótesis de investigación y el Estado tiene la obligación de investigar y en todo caso de descartar la hipótesis de desaparición forzada diciéndonos por qué se debe desechar esa hipótesis”, manifestó la letrada en una breve conferencia de prensa concluida la audiencia.
"La propia cámara dijo: advertimos que el informe de autopsia hay puntos que tienen que ser ampliados o explicados. (…) Estas son dudas para determinar si es posible corroborar la hipótesis de que #SantiagoMaldonado murió el 1 de agosto en el mismo lugar que se lo encontró". pic.twitter.com/AXW88M4g1Y
— Canal Abierto (@canalabiertoar) February 28, 2024
Quienes apoyaron el archivo de la causa y la decisión del juez Lleral fueron el abogados Manuel Barros y su colega Mauricio Castro, quienes interpretaron que la muerte de Santiago Maldonado favoreció a un «relato político» sin tener en cuenta las pruebas que exoneran a sus defendidos.
Barros habló de la situación actual de los gendarmes que dejaron la fuerza o vieron truncada su carrera, particularmente Emmanuel Echazú, quien «pidió la baja y se fue a España donde trabaja en un hotel», según su patrocinante.
Esto último fue cuestionado durante la misma audiencia por el hermano de la víctima, Sergio Maldonado, al indicar que «si hay una víctima es Santiago y después la familia que sufre hasta el día de hoy la persecución y estigmatización en medios y redes sociales».
Tanto la querella como la defensa de los gendarmes coincidieron en que la causa fue «politizada», aunque por intereses contrapuestos.
Tras las exposiciones, el presidente de la Cámara, Javier Leal de Ibarra, dio por cerrada la audiencia y «pasó a deliberar».
