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La causa judicial por la destrucción y el desvío de fondos en la localidad de Caspalá se encuentra en una etapa de definiciones. Mientras las defensas de los exfuncionarios imputados agotan recursos para intentar arrastrar el expediente hacia el fuero local, la querella ratifica que el proceso principal ya cuenta con elevación a juicio en el ámbito federal y que los dictámenes de la Procuración General de la Nación anticipan un revés definitivo para el entorno de Gerardo Morales.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), la abogada Alejandra Cejas detalló el estado del conflicto y recordó que, en paralelo al debate de competencia, corre un plazo perentorio de ejecución: a fines de septiembre, el Estado provincial debe entregar a la comunidad la cancha de fútbol destruida y la propiedad privada de la familia Cruz Moyoja en las condiciones originales en que las encontró.
La trampa de la competencia y el dictamen de Casal
Actualmente, el proceso se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debido a un planteo de inhibitoria presentado por los acusados, quienes sostienen que, al tratarse de exfuncionarios jujeños, los hechos deben ser juzgados por la justicia provincial.
Sin embargo, la causa principal se fundamenta en una defraudación contra el tesoro del Estado nacional, puesto que los recursos enviados desde la Nación para la construcción de una escuela primaria jamás se ejecutaron y el dinero no aparece.
«El procurador de la Nación, el doctor Eduardo Casal, ya se presentó ante la Corte Suprema e informó que van a sostener la competencia federal», precisó Cejas.
La letrada explicó que, habitualmente, el máximo tribunal de Justicia adopta los criterios de la Procuración en materia penal, dado que sus ministros suelen apoyarse en los especialistas del Ministerio Público Fiscal para dirimir conflictos de competencia, salvo en casos de altísimo estrépito público.
«La causa ya está con elevación a juicio. Una vez que la Corte resuelva este último recurso que les queda, se va directamente al debate oral», anticipó la abogada, echando por tierra los intentos de dilación de los imputados.
Una reparación obligatoria bajo la lupa federal
Más allá de la resolución de la Corte sobre el fondo del asunto, la Justicia Federal ya está ejecutando un convenio de reparación integral que obliga a la provincia.
Tras acreditarse el daño y la destrucción del espacio comunitario y de la finca privada, el Gobierno de Jujuy recibió la orden de restaurar el predio antes de que termine septiembre de 2026.
La implementación no estuvo exenta de cruces. Cejas advirtió que las autoridades provinciales pretendieron eludir los compromisos, lo que obligó a realizar presentaciones ante la Cámara Federal de Salta.
«Intentaron no cumplir, pero esto ya está en ejecución. Para poder avanzar, se tuvo que levantar parcialmente una medida cautelar que pesa sobre el territorio, únicamente al efecto de que realicen las tareas de reparación, ya que el Estado provincial no puede introducir ninguna otra modificación allí», aclaró.
La abogada desmitificó el discurso oficialista que pretendía catalogar las tierras como fiscales: «Caspalá no son tierras del Estado, es una propiedad privada comunitaria con títulos que datan de 1860. El Estado generó un daño ilegítimo al intentar apoderarse de ellas de forma violenta».
Las responsabilidades políticas y el «capricho» de la expropiación
La causa cuenta en la actualidad con seis exfuncionarios imputados, entre los que se destaca la exsecretaria de Infraestructura Educativa y actual administradora del centro cultural Lola Mora, María Martínez Facio.
No obstante, la querella –impulsada inicialmente junto a la doctora Silvana Sánchez– insiste en que la cadena de responsabilidades debe alcanzar la cima del organigrama político de la gestión anterior.
«Sostenemos que el responsable principal acá es Gerardo Morales, bajo la misma doctrina aplicada en la causa Vialidad (con Cristina Fernández de Kirchner). La responsabilidad penal por defraudación se extiende al responsable político que designa y convalida el actuar de sus funcionarios, no se limita al ejecutor material», argumentó Cejas.
Respecto al argumento del oficialismo radical sobre la necesidad de construir la escuela, la abogada recordó un dato histórico que desacredita la justificación oficial: «Caspalá puso a disposición de la provincia un terreno donado desde 1915 para construir la escuela primaria. El problema es que Morales y compañía no querían ese lugar; caprichosamente querían el terreno de la cancha y la finca de Pablo Cruz, expropiando un total de tres hectáreas y media para una escuela pequeña de características rurales. El objeto real de semejante expropiación nunca se clarificó».
Finalmente, Cejas lamentó las campañas de hostigamiento y discriminación que Martínez Facio y sectores del radicalismo sostienen en redes sociales, donde acusan a los vecinos de impedir el desarrollo y reclaman por un costo de reparación que ascendería a los 400 millones de pesos.
«Si al pueblo de Jujuy esto le va a costar millones, es exclusivamente por el actuar ilegal y soberbio de estos funcionarios. La justicia provincial tendría que estar investigando por qué nos cuesta esto a los jujeños, pero en lugar de eso, intentan ampararlos bajo el pretexto de que son locales para garantizarles la impunidad», concluyó.
Las imputaciones
En la causa penal federal que investiga el desvío de fondos destinados a la escuela de Caspalá, la falsificación de documentos públicos y los daños patrimoniales, hay seis funcionarios y exfuncionarios de la gestión de Gerardo Morales formalmente imputados:
- María Teresa Bovi: exministra de Educación de la provincia.
- María Victoria Martínez Fascio: exsecretaria de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación y actual administradora del centro cultural Lola Mora.
- José Torrejón: funcionario del área de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación.
- María Cecilia Rotondo: asesora legal del Ministerio de Educación.
- Diego Ignacio Montenovi: funcionario perteneciente a la Fiscalía de Estado.
- Natividad Apaza: excomisionado municipal y actual vocal de la Comisión Municipal de Caspalá.
Los cargos
La fiscalía federal (a cargo de la doctora Lucía Romina Orsetti) los imputó por los delitos de fraude a la administración pública, falsedad ideológica y uso de documentos públicos falsos.
Se los acusa de haber presentado documentación con datos falsos ante el Estado nacional para destrabar el financiamiento de una obra, sabiendo que se ejecutaría sobre un predio que no era apto y que alteraba un yacimiento arqueológico protegido.
Causa Caspalá: Un dictamen del procurador nacional acorrala a exfuncionarios de Morales
