Caspalá: Inspección ocular en el pueblo para impedir que sigan los trabajos

Este miércoles se llevará a cabo la inspección ocular en Caspalá, tras una medida cautelar que presentó la comunidad kolla del pueblo para que se detengan las obras que lleva adelante el gobierno provincial en terrenos privados. La jueza Marisa Rondón estará a cargo del trámite judicial, mientras tanto, siguen llegando materiales al lugar y los trabajos continúan.

La abogada Silvana Llanes, que representa a la comunidad, relató en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que los representantes del Ejecutivo provincial presentaron «un mapa de todo el departamento de Valle Grande, sin dimensiones, que es simplemente una lámina de las que se hacían antes para delimitar el lugar y marcar los límites». «Tergiversan todo», afirmó.

El equipo de abogados que representa a la comunidad de Caspalá hizo las verificaciones correspondientes, con los planos del lugar, y aseguran que el gobierno trata de «dilatar el despojo». Se espera que la justicia dicte la medida cautelar para que se detengan los trabajos.

«Nosotros respetamos la decisión de su señoría -comentó Llanes-. Ella tendrá que verificar lo que decimos. Nosotros tenemos acreditado que la cancha está dentro de la finca Pozuelo G231, que es propiedad de la señora María Liberata Apaza y sus herederos. Por lo tanto, están haciendo una violación de domicilio, se metieron sin autorización y están destruyendo el patrimonio de esta familia».

Cabe resaltar que el gobierno provincial fue denunciado en el fuero federal «por un montón de delitos que confluyen», indicó Llanes, como «abuso de autoridad, asociación ilícita y destrucción de patrimonio arqueológico», entre otros. La primera presentación se realizó en Comodoro Py, desde donde enviaron el dictamen a la Fiscalía Federal de Jujuy.

«Es una denuncia extensa, donde dejamos acreditadas las maniobras contra los pueblos originarios, el avasallamiento y el despojo de sus tierras. Estamos combatiendo desde todos los puntos», expresó Llanes.

Además de las denuncias penales, se hicieron presentaciones, entre otras, ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, la Dirección de Monumentos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

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