El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
La dirigenta Milagro Sala fue condenada por la causa conocida como «Pibes villeros». Fue acusada por la justicia provincial de liderar una asociación ilícita con funcionarios provinciales y cooperativistas para defraudar al Estado, y sentenciada a 13 años de prisión. La condena fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y por la Cámara de Casación Penal.
Por tratarse de un expediente con sentencia definitiva, la Corte aceptó el recurso de queja y el compromiso de fallar, aunque sin plazos como en todas las causas que toma el alto tribunal.
La intervención de la Corte ha sido mayormente para rechazar los recursos presentados por la defensa de Sala que, afirmó Luis Paz, uno de los integrantes del equipo de abogados. “Fueron más de 30”.
Milagro Sala junto al abogado Luis Paz, minutos antes de conocerse el fallo absolutorio.
Durante la semana pasada, el presidente Alberto Fernández habló sobre la situación judicial de Sala y el rol de la Corte en particular, el miércoles pasado, cuando decidió visitarla en Jujuy a raíz de su internación médica en un sanatorio por una trombosis, venosa profunda
«A la Corte Suprema, que tiene tanta urgencia para tratar los temas que atañen a sus intereses, como el Consejo de la Magistratura o los jueces de la Cámara Federal, les pido que impriman urgencia al tratamiento de la sentencia que les llegó por vía de queja y que descansa en algún lugar de la Corte, y que, por favor, resuelva», pidió Fernández.
Además del jefe de Estado Nacional, no es el único preocupado por la situación de Sala: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó el miércoles pasado información sobre la situación legal de la dirigente y su estado de salud, y concedió al Estado Nacional un plazo hasta el 13 de julio de este año para que «remita las observaciones a la información remitida por los representantes, en relación con la situación actual de la persona beneficiaria».
La Comisión Interamericana, instancia previa a la Corte Interamericana, otorgó en 2017 medidas cautelares a favor de Sala ante elementos que hacían presuponer que no se respetaban los derechos a defensa de la referente social.
«La Comisión encontró que las autoridades judiciales de Jujuy tomaron decisiones que se distancian del cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión y que, por el contrario, agravan la situación de riesgo de la beneficiaria», explicó el organismo supranacional.
A este respecto, el jueves pasado, el equipo de abogados de Sala emitió un «comunicado urgente» en el que denunció otra iniciativa arbitraria de la justicia provincial.
«Hace una hora, una persona del servicio penitenciario jujeño entró, sin anunciarse, a la Clínica Los Lapachos, donde está alojada Milagro Sala, y le entregó una cédula de notificación en la que el juez de ejecución establece que tiene que cumplir una condena hasta el 21 de junio de 2024», señalaron los letrados.
Inmediatamente agregaron que «se trata de una interpretación completamente ilegal en la que el juez busca computar desde cero una pena que ya está cumplida, ante las presiones de Gerardo Morales y del Ministerio Público de la Acusación».
Los abogados recordaron que esa sentencia, que pretenden que Sala vuelva a cumplir, «se encuentra en revisión ante el sistema Interamericano de Derechos Humanos».
Para la defensa de la dirigente, la notificación no tiene «sentido legal alguno, por lo que, evidentemente, es solo una forma de hostigar y atormentar a Sala en un contexto crítico para su salud, en el que está aislada de todo estimulo que pueda perturbarla».
