Chubut advierte que interrumpirá la salida de petróleo si le retienen la coparticipación 

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, advirtió este viernes que interrumpirá la salida de petróleo de la provincia si el Ministerio de Economía de Nación «insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación» que le corresponde a su distrito.

«Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver», desafió el gobernador.

Torres habló en el marco de los festejos por el 123° aniversario de Comodoro Rivadavia, ciudad cabecera de la cuenca petrolera del Golfo San Jorge, donde acusó a la cartera de Hacienda de retener «de manera indebida» fondos por deudas a corto plazo que el gobierno local tomó durante la administración anterior.

Relató que desde su administración propusieron «canjear esta deuda por una de mejores condiciones ante el Banco Central, que no nos puede negar esas condiciones y sin embargo nos están pateando la autorización, cuando a Nación se lo autorizan en 24 horas».

Torres acusó al Ministerio de Economía de la Nación de retener «de manera indebida» la mitad de la coparticipación, «cuando la provincia tiene voluntad de pago de una deuda y para eso propuso al Banco Central un canje de deuda en mejores condiciones, que hasta el momento no fue aprobado».

Culpó a la gestión anterior del «gobernador (Mariano) Arcioni de poner la cabeza en la guillotina endeudándose con tasas altísimas», ante lo cual su administración propuso el canje de esa deuda «por una de mejores condiciones».

«Esperamos que esto sea una cuestión administrativa, no una forma de amedrentamiento porque si es así y el martes o miércoles no hay una resolución favorable, vamos a optar por no exportar ni un barril de petróleo», agregó.

Recordó que Chubut es la cuarta provincia exportadora y advirtió: «No vamos a permitir que nos pisen la cabeza de esta manera».

Sostuvo que la postura de la administración central «es ir contra las provincias», aunque aclaró que está «de acuerdo en muchas cosas con el gobierno nacional» porque quiere «que le vaya bien», pero sostuvo: «No vamos a permitir que no se nos dé la misma posibilidad que a Nación para canjear deuda».

«Confiamos en que se va a resolver -comentó-, pero si no, vamos a usar todas las herramientas que tenemos para defendernos y vamos a ganar esta pelea, porque la ley es una sola y es para todos».

Las declaraciones de Torres coincidieron con un encuentro multitudinario de sindicatos vinculados con la actividad petrolera que se movilizaron este viernes, en el aniversario 123 de Comodoro Rivadavia, para protestar por la quita de recursos de las operadoras, a las que acusan de direccionar la inversión a la cuenca de petróleo no convencional de Vaca Muerta.

«Quiero agradecer a los gremios por la posición que tomaron en esta avanzada contra las arcas provinciales porque si no nos plantamos ahora al principio, no sacamos más la cabeza del pozo en 4 años», sostuvo Torres.

La administración de Ignacio Torres viene denunciando desde el principio de su gestión que el gobierno anterior de Mariano Arcioni le dejó una «bomba financiera» por deudas que tendrán vencimiento en los próximos meses por 100.699 millones provenientes -entre otros- del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

Apoyo patagónico

Los gobernadores de las provincias patagónicas advirtieron que si el Gobierno nacional no le entrega a Chubut los $13.500 millones que le «retuvo ilegalmente», apoyarán la decisión del mandatario Ignacio Torres de «no entregar su petróleo y su gas».

«Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas. Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas», indicaron los gobernadores patagónicos en un comunicado conjunto que titularon «Las provincias unidas del sur».

Los mandatarios expresaron que «el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual» y lo enmarcaron como parte de «represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento» de la Ley ‘Bases’ en el Congreso.

«No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo», remarcaron en el comunicado, en el que repudian «tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana».

Además del propio gobernador de Chubut, Ignacio Torres, el texto fue firmado por los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Neuquén, Rolando Figueroa, y de La Pampa, Sergio Ziliotto.

«No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias», señalaron.

En otro pasaje del texto, los gobernadores remarcaron que «las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto» y que «nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio».

«Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses», señalaron.

En el comunicado también se critica que el Gobierno nacional «retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador al Transporte Público» a distintas provincias como Chubut y La Pampa, los cuales son «recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica».

«Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron», expresaron.

En ese sentido, los gobernadores resaltaron que «por esa razón la justicia federal, a instancias de una acción promovida por el gobierno del Chubut, decretó la ilegalidad de la quita».

«No se trata de una guerra sino de proteger a los usuarios del transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del AMBA», agregaron.

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