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Este lunes comienza en Honduras el primer juicio oral y público contra los acusados de haber organizado y ejecutado el homicidio de la dirigente indígena, Berta Cáceres, asesinada en su vivienda el 2 de marzo de 2016.
Para los familiares, amigos y compañeros de la líder latinoamericana, este juicio es una primera etapa de un proceso que debiera permitir identificar a los autores intelectuales y luego condenarlos.
La hija de Berta Cáceres, Bertha Zúniga, sostiene que su los autores materiales son condenados se podrá determinar luego a quienes dieron la orden superior de acabar con la vida de la dirigente social.
En el juicio están acusados Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres Velásquez , Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez Orellana.
Zúniga también espera que durante el juicio, que se va a extender por algo más de un mes, salga a la luz la alianza que existe entre el empresariado y el Estado.
Este juicio será acompañado también por una delegación de observación internacional calificada, conformada por abogados, defensores de derechos humanos y juristas.
También participarán representantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el colectivo social del que Berta era co-fundadora y líder en el momento de ser asesinada.
Cáceres cofundó el COPINH en marzo de 1993 para luchar en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura de los pueblos lenca y mejorar las condiciones de vida de la población de la región.
Su activismo medioambiental incluyó denuncias contra la privatización de los ríos y los proyectos de presas hidroeléctricas de inversores internacionales, en especial contra el proyecto de la represa de Agua Zarca en el Río Gualcarque en Santa Bárbara.
En 2009 encabezó protestas contra el golpe de Estado al entonces presidente Manuel Zelaya y aquel liderazgo hizo que su figura trascendiera las fronteras y sea actualmente considerada una de las líderes sociales más emblemáticas del nuevo siglo.
Tras el golpe de Estado comenzaron a desarrollarse cantidad de megaproyectos que atentaban contra el medio ambiente y obligaban al desplazamiento de comunidades indígenas.
COPINH denunció que hubo docenas de concesiones de ríos para megaproyectos mineros y represas, entre ellas las del río Gualcarque a la empresa DESA, un río sagrado para el pueblo lenca y una importante fuente de agua y alimentos.
Precisamente, el informe elaborado en octubre de 2017 por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE) señala que la dirigente campesina hondureña fue asesinada por orden de una empresa a cargo de una hidroeléctrica.
Según el trabajo, la autoría intelectual del homicidio recae sobre la Empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), a cargo de la hidroeléctrica, en articulación con funcionarios del Estado hondureños.
