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Se reanuda esta tarde el segundo juicio por los crímenes de lesa humanidad que se sigue en la provincia. El Tribunal Oral Federal escuchará la segunda parte de la declaración indagatoria de Carlos Alberto Ortiz, uno de los seis procesados, quien en la anterior jornada negó haber estado presente en el momento de los hechos.
El TOF está juzgando a ex miembros del Servicio Penitenciario por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y torturas cometidos durante la última dictadura contra siete víctimas, seis de las cuales permanecen como desaparecidos.
Las víctimas cuyas trágicas historias se ventilan en este juicio son Dominga Álvarez de Scurta, Osvaldo José Garibaldi, María Alicia del Valle Ranzón, Jorge Turk Llapur y los hermanos Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera y Jaime Lara Torres. Salvo Scurta, cuyos restos fueron hallados en Yala en 1984, el resto permanece en situación de desaparecidos.
Las víctimas fueron apresadas los últimos días de mayo de 1976 y tras pasar por varios centros clandestinos de detención que funcionaban en la provincia quedaron alojadas en el penal del Barrio Gorriti. El 10 de junio de ese mismo año fueron entregadas al temible comisario Ernesto Jaig y al represor Cesar Darío Díaz, suboficial del Ejército. Nunca más se supo de ellas.
Además de Ortiz, están imputados en esta causa su hermano Orlando Ricardo, Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez, todos guardia cárceles, el exoficial del Ejército Antonio Orlando Vargas, condenado a 25 años de prisión en el primer juicio de lesa humanidad, y el exsuboficial del Ejército César Darío Díaz.
Ortiz está detenido con prisión preventiva desde hace más de cuatro años. En su declaración afirmó ante el tribunal oral aseguró que cuando las víctimas fueron detenidas y luego trasladadas desde el penal, él cumplía funciones en el departamento Judiciales del presidio, y señaló al también imputado Vargas y a quien entonces era subdirector de la cárcel, Félix Maldonado, como los responsables de haber entregado al grupo de detenidos. Sobre Maldonado dijo que la Cámara de Salta lo llamó a declarar “pero nunca ocurrió”.
Tal como ya testificaron otros expenitenciarios, tanto en este juicio como en el anterior, Ortiz dijo que desde el 24 de marzo de 1976 el Servicio quedó a cargo de los militares, aunque admitió que en el pabellón 1 se alojaba a los presos “a disposición del PEN” y a los políticos, entre los que se encontraban luego dos ex gobernadores, Roberto Domínguez y Guillermo Eugenio Snopek.
En ese sentido, aseguró que los militares “desconocían” las órdenes de los jueces y tenían “el poder absoluto”, y mencionó al coronel Néstor Bulacio y al mayor Donato Arenas, quien era interventor de la policía provincial, como los responsables “de todo lo que pasó”.
