Contra la impunidad de Blaquier y el régimen policíaco de Morales-Haquim

Por Natalia Morales (PST-FIT). El jueves venidero, a pocos días del 40° aniversario de la “Noche del Apagón”, el gobierno del radical Gerardo Morales y su vice el massista, Carlos Haquim, desató una brutal represión contra los trabajadores de la empresa Ledesma SAAI que reclamaban por salario y condiciones de trabajo, dejando decenas de heridos. “La policía se defendió de un ataque de los trabajadores”, dijo Raúl García Goyena, Secretario de Comunicación del Gobierno dejando en claro para quién gobiernan los radicales y massistas del Frente Cambia Jujuy.

Hace 40 años, el 20 de julio de 1976 el terror genocida se imponía con apagones simultáneos en Calilegua, Libertador y El Talar, donde un operativo conjunto del Ejército, Gendarmería y la policía jujeña, en estrecha coordinación con la empresa Ledesma que aportó sus camiones en el secuestro cientos de obreros y estudiantes, 33 de los cuales continúan desaparecidos. Ícono de la responsabilidad empresarial en la última dictadura genocida y emblema también de la impunidad de la que gozan hasta hoy esos empresarios que, como Carlos Pedro Blaquier, se la “llevaron en pala” bajo el kirchnerismo.

Si Blaquier tuvo el apoyo para reprimir con la policía es porque se siente respaldado políticamente por el gobierno. Macri aterrizaba en su pista durante la campaña (al igual que Sergio Massa) y hace poco hizo un acto con Blaquier, además de darle beneficios con mayor cuota de bioetanol y cupo de exportación de azúcar. Morales apoyó estas y cuanta medida sea a favor de la gran patronal azucarera. Pero también el patrón genocida se siente impune porque durante el último año del gobierno kirchnerista obtuvo la falta de mérito en la causa por la detención y desaparición de personas durante la dictadura.

El régimen policíaco de Morales-Haquim tuvo con la represión un salto en su embestida contra el movimiento obrero. Ese mismo día además detuvo a Raúl Noro, el marido de Milagro Sala, quien está detenida irregularmente desde enero. Y reafirmó así su política de persecución a los trabajadores y a la oposición, como es el caso de los obreros suspendidos y con causas penales en Ingenio La Esperanza, en Aceros Zapla, dirigentes y activistas de ATE, dirigentes del Seom-Jujuy, entre otros casos que venimos informando en este diario y que denunciamos junto a organismos de DDHH y sindicatos que conforman la Coordinadora contra el ajuste y la represión, que se trata de un gobierno derechista que reprime y ajusta al pueblo trabajador.

El laboratorio derechista de Morales es un ensayo para llevarlo a todo el país. Sin embargo, no es la excepción, también las gobernadoras del FPV en Tierra del Fuego (Bertone) y en Santa Cruz (Kirchner) reprimen y persiguen a los trabajadores y dirigentes sindicales con métodos propios de la dictadura. El PJ de Bossio (con quien están alineados los legisladores de Fellner) apoyó el pago a los fondos buitres y el blanqueo de los capitales especulativos, mientras pasan por encima de los derechos democráticos de los trabajadores, sus organizaciones sindicales y partidos opositores en Jujuy.

Por todo esto es que el Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda, junto a los abogados del Ceprodh, convocamos a movilizarnos en este nuevo aniversario del Apagón en forma independiente del gobierno y la oposición peronista para exigir juicio y cárcel común para Blaquier y todos los responsables civiles y militares de la noche del apagón y del golpe del 76.

Pero también marchamos para denunciar que Jujuy se ha transformado en la capital nacional del ajuste, la represión y la impunidad. Por eso llamamos a los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, de trabajadores, estudiantiles de todo el país a impulsar una gran campaña contra este régimen policíaco, exigiendo libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos, el cese de la persecución y hostigamiento a los trabajadores y el pueblo; contra los despidos, suspensiones y tarifazos, por la nulidad de las causas penales armadas contra trabajadores de Zapla e Ingenio La Esperanza; la derogación del Código Contravencional y todas las leyes represivas.