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El Cabildo Histórico de Jujuy, donde funcionó el Comando Radioeléctrico y la Jefatura de Policía, es un sitio de memoria reconocido por haber sido un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio durante la última dictadura. La actual estructura, estéticamente renovada y atractiva para el turismo, se levanta sobre la destrucción deliberada de pruebas de crímenes de lesa humanidad, convirtiéndose en un símbolo de impunidad.
Como allí se cometieron delitos de lesa humanidad acreditados por la justicia, el Cabildo de Jujuy contaba con una triple protección legal: la Ley Provincial 5931, por la cual se declaró y señalizó como Sitio de Memoria; la Ley Nacional 26.691, que obliga al Estado a preservar los lugares donde funcionó la represión, y medidas cautelares de «no innovar» dictadas por la Justicia Federal.
Las medidas cautelares de «no innovar» dictadas por la Justicia Federal se fundamentan en que el viejo edificio, las celdas y los pasillos, constituyen prueba material en los juicios de lesa humanidad por haber sido escenario de la comisión de aquellos crímenes.
Sin embargo, la historia reciente del sitio está marcada por un conflicto insalvable entre la remodelación y la preservación de su materialidad histórica.
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En octubre de 2021, el gobierno de Gerardo Morales inició las obras de puesta en valor del Cabildo, lo que implicó la demolición de sectores del Comando Radioeléctrico del Área 323.
En junio de 2022, el juez federal Julio Bavio ordenó suspender cualquier excavación o remodelación y preservar en particular seis sectores específicos declarados de interés por la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria. Pero las máquinas topadoras continuaron operando, ignorando las medidas judiciales de «no innovar».
Esta situación motivó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentara como querellante en una causa penal contra el entonces gobernador Morales, la secretaria de Derechos Humanos Marcela Infante, el ministro de Infraestructura Carlos Stanic y el director de arquitectura Horacio Calsina por delitos de daños, violación de deberes de funcionario público y desobediencia. La causa sigue abierta pero no se registraron movimientos.
Más allá de lo que pueda ocurrir en el ámbito judicial, lo cierto es que la demolición de muros, la remoción de suelos y la alteración de la arquitectura original eliminaron rastros biológicos y configuraciones espaciales fundamentales para la justicia.
Negacionismo
La respuesta de Morales se articuló bajo una estrategia de «negacionismo arquitectónico». Por un lado, sostuvo que la intervención no destruía la memoria, sino que la «ponía en valor» y la salvaba de las ruinas, permitiendo que el sitio fuera más accesible mediante el uso de tecnología.
Por otro lado, intentó desplazar el debate hacia la cuestión del crecimiento comercial, argumentando que el nuevo complejo generaría empleo y aumentaría el pernocte de turistas en la provincia, lo que al menos hasta 2026 no se verificó.
Además, justificó la continuidad de los trabajos alegando necesidades de «estabilidad estructural» y minimizando el valor probatorio de los sectores señalados por los organismos de DD.HH.
El 23 de agosto de 2024 se inauguró el nuevo Cabildo Histórico con un acto en el que el gobernador Carlos Sadir recibió la visita -nada menos- de la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, una enfática defensora de la represión ilegal desplegada por la dictadura militar.
El mensaje oficial es que el nuevo complejo constituye un éxito de gestión, pero para los organismos de DD.HH. representa una limpieza estética.
El sitio histórico real (las celdas y oficinas de tortura) fue reemplazado por una exhibición museográfica, vaciando al lugar de su función testimonial, borrando el escenario del horror para poner una muestra controlada por el mismo Estado que ejecutó las demoliciones.
Además, el proyecto priorizó el sentido recreativo y turístico de todo el predio por sobre la preservación de las pruebas de la dictadura, lo que constituye una revictimización para quienes sufrieron crímenes en ese predio.
Irrecuperable
Los organismos de derechos humanos, incluyendo a H.I.J.O.S., Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), denunciaron que el gobierno simuló instancias de diálogo mientras ejecutaba las demoliciones de forma irreversible, «mintiendo en la cara» a los sobrevivientes y familiares.
Advirtieron que lo destruido es irrecuperable y que la materialidad original del centro clandestino fue reemplazada por una muestra museográfica de diseño que actúa como una «fachada» para tapar el horror.
Víctor Manuel Paz, de la APDH, criticó que el sitio quedara reducido a una suerte de «pecera» tapiada con chapas, impidiendo conocer sus condiciones reales.
Además, los organismos expresaron su fuerte rechazo al uso en la cartelería del sitio del término «Proceso de Reorganización Nacional», tal como se autodenominó la dictadura cívico militar eclesiástica 1976-1983 , lo cual consideran un intento de ningunear la verdad histórica sobre las desapariciones.
Reclamo permanente
Tras la inauguración del nuevo Cabildo en agosto de 2024, la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura recopiló información. Diputados del FIT presentaron además pedidos de informes sobre el incumplimiento de la Ley 26.691.
El reclamo persistente de los organismos es que se les otorgue la curaduría y el manejo del sitio, para asegurar que la información brindada a los visitantes se base en los relatos de los sobrevivientes y no en una visión mercantilista del espacio.
Mientras el gobierno provincial insiste en que el proyecto es un éxito del «Plan Maestro de Desarrollo», los organismos mantienen que se ha consumado un atentado contra la prueba judicial y la memoria colectiva de los jujeños.
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