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El operativo de desalojo de la comunidad Cueva del Inca, en Tilcara, que había sido ordenado por la jueza provincial Lis Valdecantos Bernal, fue suspendido por orden de la justicia federal, luego de que se denunciara una serie de irregularidades que implican a la magistrada, la policía provincial y al municipio tilcareño.
Los cerca de 100 efectivos policiales que actuaron este martes llegaron a demoler una de las viviendas de la comunidad «de techo a cimientos», según contó a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) Javier Mamaní, integrante de la comunidad.
Las abogadas Silvana Llanes y Alejandra Cejas, en representación de la comunidad, presentaron la denuncia ante la justicia federal, logrando así que se suspendiera el violento desalojo. La Gendarmería quedó a cargo de la custodia del territorio comunitario. Sin embargo, unos pocos policías provinciales permanecen en el lugar, lo que es interpretado por los pobladores como una maniobra de hostigamiento.
«Acá estamos, haciendo la resistencia. No nos pudieron sacar de nuestra casa, pero lamentablemente a nuestro vecino, nuestro compañero de comunidad, de la familia Valerio, le rompieron su casa. En 30 minutos le rompieron su casa, sacaron las chapas, trajeron combos, masas y le demolieron la casa de techo a cimiento. No dejaron nada. Ahora no tienen donde vivir», describió Mamaní.
La casa de la familia Valerio
El comunero estuvo también a punto de perder la suya, porque en la orden de la jueza estaba su nombre. Pero pudieron detener el operativo antes de que avanzaran.
«Me contactó una comunera, desesperada por la situación. Estaban avasallando derechos de la comunidad y pretendían desalojar a toda la comunidad en pos de un hotel. Y quien realizaba el operativo era un juez de paz. Con eso te digo todo», sintetizó Llanes en diálogo con El Submarino Radio.
Se refería al juez de paz Pedro Apaza, quien fue el encargado de notificar sobre los desalojos y fue denunciado por violencia institucional. Además, se presentó una demanda porque en el operativo se dañó patrimonio arqueológico. En este sentido, vale recordar que la Quebrada de Humahuaca es Patrimonio de la Humanidad, lo que impide avanzar indiscriminadamente con obras y modificaciones del terreno.
Territorio protegido
Cerca de cien familias componen la comunidad de Cueva del Inca, ubicada en Villa Florida, Tilcara. Lindero al territorio comunitario hay un establecimiento hotelero, Canto del Viento, que funciona desde hace más de 20 años. En los últimos tiempos, sus dueños comenzaron a hostigar a los comuneros para extender su emprendimiento.
La comunidad Cueva del Inca cuenta con personería jurídica, carpeta técnica aprobada por el Reteci (Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas), reconocimiento del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y título comunitario que certifican su legítimo derecho a habitar ese territorio.
«Los territorios comunitarios están resguardados por ley, son inembargables, intransferibles y no están sujetos a comercio -explicó Llanes-. Que les quede claro a todas las personas: un territorio comunitario no se puede transmitir a un tercero. Es decir que la tierra se protege y se defiende, no se vende».
Presentada la denuncia ante la fiscalía federal, efectivos de Gendarmería llegaron al lugar para verificar la situación. «Y la policía se tuvo que retirar», relató la abogada.
«La policía, al ingresar al territorio comunitario, violó la ley de patrimonio y avasalló los derechos de la comunidad», indicó Llanes.
La denuncia presentada en la justicia federal apunta también a la Municipalidad de Tilcara, por haber involucrado al juez de paz Apaza sin verificar la situación. Por otro lado, la abogada reveló que el municipio llegó a ofrecerle dos casas a una comunera a cambio de que cediera su parcela. «Si están tan tranquilos, ¿por qué hicieron eso?», planteó.
Llanes remarcó además que el desalojo se inició sin intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, pese a que en el lugar habitan muchos niños y niñas. «No había un defensor de menores y tampoco había asistencia para los ancianos. Golpearon a ancianos, a mujeres y a niños. ¿Dónde están todos estos aparatos institucionales que deben velar por el interés superior del niño y la defensa del niño? No había nadie», puntualizó.
Comunidades en alerta
La abogada ensayó una explicación sobre un intento de desalojo tan burdamente irregular: «No creían que la comunidad fuera a defenderse. El día anterior avisaron que el desalojo era inminente, que se hacía sí o sí. Amenazando, como hacen siempre. Pero la comunidad resistió, defendió su territorio, porque no estaban haciendo absolutamente ningún tipo de ilícito. Mientras que quienes ingresaron, violentaron y violaron propiedad fueron los policías».
Pese a que se detuvo el operativo, los integrantes de la comunidad están intranquilos, pues un grupo de policías permanece en el lugar, supuestamente para custodiar los restos de la propiedad que demolieron. «Ahora veremos quién paga por esa vivienda, porque dejaron a una familia sin hogar», señaló Llanes.
«La verdad es que la justicia en la provincia de Jujuy no existe. Sí para los poderosos, pero no para los pobres, no para las comunidades y no para los humildes», concluyó la abogada, y agregó: «En nuestra provincia no hay seguridad jurídica, no tenemos división de poderes. El Poder Judicial, lejos de ser imparcial y objetivo como debería ser, saca sentencias acorde a los intereses de particulares, de empresarios, de mineras, vendiendo totalmente nuestros recursos naturales. Hay que plantearse esto ahora que se vienen las elecciones. ¿Queremos seguir así?»
En este contexto, Llanes advirtió: «Las comunidades están en alerta. Van a defender su territorio y su libertad. Dicen basta al saqueo, a la violencia institucional, los despojos ilegítimos, los desalojos ilegales».
‘Gente muy pesada’
Javier Mamaní comentó que el hostigamiento a las comunidades de la zona está relacionado directamente con la actividad turística en Tilcara. «Es impresionante cómo está funcionando el turismo. Hay desalojos masivos. Esto no se había visto esto en la historia», afirmó.
Y opinó: «Estos personajes son simple testaferros de otros más poderosos. Una jueza de Jujuy manda cien efectivos policiales, la infantería. Imaginate mover esos recursos económicos, esa infraestructura. Trajeron policías de Humahuaca y de Volcán porque la de Tilcara no daba abasto. Esa plata son impuestos que nosotros pagamos».
Mamaní se refirió luego a Carlos Vázquez, el propietario del hotel Canto del Viento. «Es gigantesco, parece una mansión de Lewis en la Patagonia y sin embargo quiere más y más. Siempre se quejan de que no hay turismo, pero tiene para mover a más de cien policías. Son gente muy pesada, muy mala».
«Ese es el poder con el que estamos luchando nosotros -continuó-. Y así todo, ayer pusimos el cuerpo, casi nos matan. Hay niños traumados por tanta violencia; la familia también, porque han roto su casa. Y quedamos todos desilusionados».
Violento desalojo de la comunidad Cueva del Inca para favorecer a un hotelero
