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La Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Ricardo Nissen, denunció ante la justicia comercial a una empresa de marroquinería que traficó medidas cautelares para realizar importaciones.
La IGJ acusó en la Justicia a la empresa Yoko S.A., sin domicilio legal confirmable y sin estados contables presentados desde 2013, por haber obtenido la medida cautelar del Juzgado Federal Contencioso Administrativo 8, a cargo de la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negri.
La magistrada habilitó una medida cautelar que ordenó liberar las mercaderías para poder importarlas sin cumplir con la normativa de la Dirección General de Aduanas, en lo que se refiere al procedimiento de Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).
Según la IGJ, la medida cautelar fue obtenida por Yoko S.A. y transferida para su uso y beneficio a Tropea S.A., cuyos cuyos estados contables “carecen de toda credibilidad”, de acuerdo con los auditores de la Inspección.
En el caso de Yoko S.A., se constituyó en 1999 con un capital de $ 12.000 que jamás aumentó, incurriendo en lo que se denomina “infracapitalización societaria”.
Por estas irregularidades, Nissen solicitó a la oficina judicial de la IGJ denunciar a los directivos de Yoko S.A., Marcelo Portnoy y Silvina Cabuli, para que se anule la sociedad por presuntas “actividades ilícitas”.
La investigación se originó en la denuncia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuando en abril pasado mencionó el “alquiler” de medidas cautelares, cedidas o transferidas entre empresas, para nacionalizar ilegítimamente determinadas mercaderías importadas y recibir del Banco Central el pago en dólares.
