Denuncian «hostigamiento» policial y judicial al cultivo y consumo de marihuana

Un grupo de activistas a favor de la despenalización del consumo individual del cannabis se manifestó ayer en la plaza Belgrano, donde denunciaron el «hostigamiento» policial y judicial para quienes cultivan o consumen y reclamaron la libertad para los encarcelados por ese motivo.

En coincidencia a la XIII Marcha de la Marihuana que se desarrollaba en diversos puntos del país, la iniciativa fue encabezada por la Red de Usuarios Cannábicos de Jujuy.

Frente a la sede del Poder Ejecutivo provincial, los manifestantes protagonizaron una radio abierta donde los usuarios pregonaron «la necesidad de militar la causa para que cese el hostigamiento policial y judicial», al tiempo que relataron sus experiencias con la fuerza policial.

«Nos manifestamos para pedir por nuestros derechos como individuos, el derecho a poder elegir que consumir, nuestra medicina y lo que a nosotros nos hace bien».

Entre las demandas se destacó la solicitud por «la despenalización de la marihuana»; «la libertad de los usuarios privados de su libertad e indulto para ellos»; «una reparación para las personas hostigadas»; y «que se habilite el cannabis medicinal también para animales domésticos».

Desde la Red de Usuarios Cannábicos de Jujuy analizaron que, en la provincia de Jujuy, «se vive un panorama oscuro porque permanentemente se llevan adelante detenciones de jóvenes, que consideramos injusta».

«En Jujuy – continuaron- tenemos el cultivo de cannabis más grande de Latinoamérica y de manera simultánea cae gente detenida por realizar la misma práctica. Para ellos es legal y para nosotros, no», denunciaron, en referencia a la plantación de más de 35 hectáreas de cannabis en la Finca El Pongo, cuyo emprendimiento pertenece a la empresa estatal jujeña Cannava.

Más adelante, repudiaron la actitud de las autoridades policiales y judiciales, las cuales las caracterizaron como una «criminalización» y «discriminatorio» para quienes eligen consumir marihuana, «porque se los trata como delincuentes, tanto en las requisas como en las detenciones», afirmaron.

En otro orden llamaron a «militar la causa», por lo que una de las acciones fue «socializar las políticas del programa» Reprocann para que los usuarios accedan a la autorización del cultivo controlado de plantas de marihuana.

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