Sergio Lello Sánchez y Alejandro Bossatti, funcionarios cuestionados.

Denuncian violencia institucional y misoginia hacia las víctimas de violencia de género

Organizaciones dedicadas a los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género emitieron un comunicado en el que repudian el accionar del titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, denunciado por violencia y género y hostigamiento laboral por una abogada y un abogado que trabajan en ese organismo.

Las agrupaciones advierten además que Alejandro Bossatti, fiscal especializado en Violencia de Género, fue designado en ese cargo sin que se haya hecho la evaluación que dicta la ley.

En un comunicado, enumeran los incumplimientos y debilidades que se verifican en diversos ámbitos estatales que deberían estar al servicio de las víctimas de violencia de género.

El texto del comunicado es el que sigue:

Desde el proyecto Mujeres que Construyen Luchas, en el marco del Programa Liderando desde el Sur, la organización Juanita Moro y las organizaciones firmantes repudiamos el accionar del jefe de fiscales Lello Sánchez, denunciado por violencia de género y hostigamiento laboral hacia dos abogades, Agustina Aramayo y Mateo Montiel, que están a su cargo.

Además expresamos nuestra preocupación por las acciones y dichos del titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Alejandro Bossatti, quien en los últimos días dejó en libertad a quien protagonizara un terrible hecho de violencia física dejando así una víctima a merced de un potencial femicida, alegando estar “atado de manos” por tener que cumplir la ley, cuando la verdad es que su obligación por su cargo es investigar estos hechos y garantizar el acceso a justicia de quienes denuncian violencia de género.

Jujuy es una de las pocas provincias que ostentan algunas políticas locales para enfrentar la violencia de género como el Juzgado de Género, la Fiscalía Especializada, las Oficinas de atención a las víctimas en la mayoría de las localidades más importantes del interior, las Oficinas de Protección de Derechos (OPD), entre otras. Sin embargo, cuando escuchamos, desde nuestro trabajo cotidiano, las voces de las mujeres y de quienes son usuarias de estos servicios seguimos escuchando, sobre todo en los territorios:

• Que los policías siguen disuadiendo a las mujeres de realizar denuncias o directamente no se las toman.

• Que defensoras/es públicas que deben acompañar y patrocinar a mujeres en procesos judiciales las revictimicen y las maltraten diciéndoles cosas como “bueno, no llore que no es para tanto”, a quienes hacen un enorme esfuerzo para sostener una decisión y un proceso judicial en esas circunstancias.

• Que una jueza ejerza violencia institucional en las audiencias y le reclame a una víctima: “Usted está asesorada, ¿cómo es que conoce tanto del tema?!”

• Que si bien las medidas de protección solicitadas por las víctimas pueden salir rápidamente, también hay una celeridad en mantener la vinculación de hijos/as con los violentos, sin constatar que esta vinculación sea segura para ellos/as. Esta situación, muchas veces, propicia la desobediencia judicial.

• Que las OPD, en el mejor de los casos, tengan profesionales en precariedad laboral, con lo cual las familias no siempre cuentan con los mismos apoyos por la constante movilidad de las/os trabajadoras; y en el peor de los casos, ya no encuentren a la OPD que ha cerrado por los recortes del Estado, abandonando a niñes y adolescentes en casos complejos de abusos y violencias.

• Que seguimos escuchando casos de desobediencia judicial (incumplimiento de órdenes de alejamiento) de los violentos que no tienen sanción alguna, poniendo en serio riesgo a las víctimas.

• Que las mujeres refieran que aún existen quienes pretenden conciliar a las partes en casos de violencia machista, acción expresamente no recomendada en la Ley, o que quienes deben asesorar simplemente no muestran empatía ni perspectiva de género o garantizan la impunidad de los violentos.

• Que en algunos territorios directamente no cuentan con ningún servicio. Deben trasladarse lejos de sus hogares para pedir ayuda, lo cual es un gran obstáculo para acceder a la salud, a la justicia, dado que muchas mujeres de zonas más alejadas no tienen ni el dinero ni el tiempo suficiente para llegar a los servicios que suelen encontrarse en las capitales urbanizadas.

Estas políticas, que en algunos lugares de la provincia sólo son una cascara vacía, que sufren recortes constantes o están a cargo de funcionarios que claramente no presentan el perfil necesario para ejercerlo, afectan de manera preocupante el acceso efectivo a la justicia de las mujeres y niñes que sufren violencia de género, poniéndoles en serio riesgo. Ni hablar de políticas de reparación, acceso a trabajo digno y programas que acompañen en el proceso de superación de la violencia.

Desde el proyecto Mujeres que Construyen Luchas, las mujeres organizadas tejemos redes amorosas, nos organizamos y nos acompañamos para enfrentar las múltiples discriminaciones y violencias de las que somos objeto no sólo desde los vínculos sociales sino también desde el Estado y sus instituciones cuando no garantiza nuestros derechos. Seguimos organizándonos para transformar esta situación, muchas veces haciendo lo que el Estado no hace.

Exigimos la efectiva y plena aplicación de la Ley 26485 de Protección Integral para la Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la provincia, con asignación de presupuesto.

Exigimos que en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género se haga la evaluación correspondiente para ser fiscal, tal y como lo establece la Ley N°5893 “de concurso público para la selección de jueces, fiscales y defensores del poder judicial de la provincia de Jujuy”, el cual no se cumplió para la asignación de Bosatti. Queremos que la fiscalía se maneje desde una perspectiva de género y entienda el fenómeno de la violencia en el marco de la ley, y garantice el acceso a la justicia de las víctimas.

Exigimos la adhesión y la aplicación a la Ley Micaela de formación en la Perspectiva de Género de todos los agentes del Estado, exigimos también la efectiva aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas para prevenir la violencia de género. Queremos políticas integrales.

NO QUEREMOS MÁS FEMICIDIOS, TRAVESTICIDIOS NI TRANSFEMICIDIOS.

BASTA DE HOMOLESBOTRANSFOBIA.

NO QUEREMOS MÁS NIÑAS OBLIGADAS A PARIR EL PRODUCTO DE LOS ABUSOS SEXUALES. ¡NIÑAS, NO MADRES!

BASTA DE REVICTIMIZACIÓN Y VIOLENCIA INSTITUCIONAL HACIA LAS VÍCTIMAS POR PARTE DEL ESTADO QUE DEBE PROTEGERLAS.

BASTA DE MISOGINIA EN EL ESTADO.

NI UNA MENOS.

¡VIVAS Y LIBRES NOS QUEREMOS!!

Adhieren: Red de Mujeres de Fraile Pintado, Merendero Lo de Zamba (S. S. de Jujuy), Espacio de Trabajo Comunitario Micaela García (Tilcara), Mujeres Autoconvocadas Humahuaca, Grupo de Abogades de DDHH Jujuy, NOA Diversa, Asociación Diversa y Plural (Tilcara), AUKA Colectiva de Trabajo Social, Área de Género de Red Puna y Quebrada, Frente de Mujeres La Cámpora (La Mendieta), Mujeres x Ingeniería, y siguen las adhesiones.

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