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La organización Andhes difundió un comunicado en el que expresa su «profunda preocupación» ante lo que describe como una «grave crisis carcelaria» en la provincia de Jujuy. Mencionan la sobrepoblación de establecimientos penitenciarios y comisarías como el principal problema, que genera «violencia, maltrato y discriminación».
Abogados y Abogadas de NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) hizo referencia en su documento a la fuga de 12 internos que estaban alojados en la Comisaría 56 de Alto Comedero, quienes luego de ser recapturados fueron «sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes».
«Esta situación -afirman- es una consecuencia directa del hacinamiento al que se ven sometidos los internos, que en la actualidad supera las 250 personas respecto a la capacidad de alojamiento total del servicio penitenciario».
En este contexto, exigen una respuesta urgente, «multidimensional y coordinada» del Servicio Penitenciario, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, como así también de organizaciones no gubernamentales «que contemple un enfoque integral que dé cuenta de la complejidad del problema».
Además, reclaman que la Legislatura implemente la definitiva conformación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, para que se fiscalicen y monitoreen constantemente estos espacios.
Sobre este punto, señalan que solo se ha avanzado en el nombramiento de las representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, faltando, «inexplicablemente», que se nombre a quien represente a la sociedad civil. «Hasta tanto ello no ocurra no podemos hablar de un compromiso real del Estado provincial como garante de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad», afirman.
El comunicado completo
Andhes manifiesta una profunda preocupación ante la grave crisis carcelaria que atraviesa la provincia de Jujuy, por las condiciones de sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios y comisarias que expone a las personas privadas de libertad a violencia, maltrato y discriminación.
Esta semana se produjo una fuga de 12 internos alojados en la Comisaría N° 56 de Alto Comedero, quienes posteriormente a sus recapturas fueron sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que conmocionó a toda la ciudadanía. Esta situación que ha sido públicamente expuesta a través de imágenes que se viralizaron desde la propia estructura policial, es una consecuencia directa del hacinamiento al que se ven sometidos los internos, que en la actualidad supera las 250 personas respecto a la capacidad de alojamiento total del servicio penitenciario.
Este lamentable episodio pone en evidencia la necesidad de buscar medidas no solo para reducir la conflictividad en los lugares de encierro, sino también para mejorar las graves condiciones de detención y alojamiento como el mínimo acceso a servicios básicos de la población carcelaria. Por ello, requerimos con urgencia una respuesta multidimensional y coordinada de todas las autoridades responsables (servicio penitenciario, poder judicial , poder ejecutivo, ONGs , internos y familiares) a nivel de políticas públicas que contemple un enfoque integral que dé cuenta de la complejidad del problema.
Por ultimo, exigimos a la Legislatura que implemente la definitiva conformación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura -que fiscalice y monitoree constantemente estos espacios y proponga ademas recomendaciones para prevenir este tipo de hechos, para que dicho órgano comience a actuar efectivamente. En la actualidad solo se ha avanzado en el nombramiento de las representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, faltando, inexplicablemente, que se ponga en marcha el proceso tendiente al nombramiento del / la representante de la sociedad civil. Hasta tanto ello no ocurra no podemos hablar de un compromiso real del Estado provincial como garante de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
