Desalojos en Tilcara: Historias de vida, de trabajo y de despojo 

Por Camilo Kay Haro Galli. A las familias desalojadas del barrio Radio Estación de Tilcara les ofrecen unas viviendas construidas por el gobierno provincial a las que oficialmente denominan «módulos». Son pequeñas construcciones de unos 15 metros cuadrados de superficie, sin agua ni electricidad. Algunos vecinos aceptaron dejar sus casas mientras que otros se mantienen firmes a pesar del hostigamiento y las causas penales iniciadas en su contra.

Hasta el momento, hay 11 módulos construidos que se van entregando a quienes firman el acuerdo. En total, las familias afectadas son 18, de las cuales hasta este viernes sólo habían firmado cinco.

El Submarino Radio conversó con varias de las personas que viven en el barrio. Nadie quiso dar su nombre, porque además de cansancio, hay miedo. «Muchas familias no aceptaron, otras se intimidaron y otras hoy se van con lágrimas en los ojos. Es re-doloroso», describió una de las vecinas.

En efecto, algunos aceptaron, cansados de una situación que desde hace dos años los tienen de aquí para allá, con visitas periódicas de funcionarios, sin que la justicia dé respuesta a las presentaciones que hicieron para defender sus casas e incluso con causas penales que aún pesan sobre varias de las personas que habitan el barrio desde hace décadas.

El viernes último entraron al barrio más de 30 policías, algunos de uniforme y la mayoría de civil. Se pasaron un buen rato sacando fotos, incluso siguieron con linternas cuando cayó la noche. El sábado temprano volvió un grupo. «Empezaron a presionar a la gente, a decir que se tenían que ir a las piecitas que ellos prepararon, esos módulos de una cocinita y un baño, o se quedan sin nada, y que el 30 vienen con las máquinas y arrasan con todo», describió una de las vecinas.

Una de las familias que aceptó trasladarse a uno de los «módulos» se apuró a construir, precariamente, una especie de galpón anexo donde resguardar sus cosas de la intemperie, porque no hay manera de que pueda poner todo en 15 metros cuadrados. Distinta fue la situación de un vecino que se había instalado el martes pasado en el módulo: dos días después se presentó en el Concejo Deliberante avisando que presentará una denuncia porque no entraron sus cosas, quedaron a la intemperie y las alcanzó la lluvia.

Otra familia decidió aceptar de manera parcial lo que le ofrecieron y va a construir su propia vivienda con materiales que le dará el gobierno. «Yo tengo tres chicos y en el único dormitorio que tienen los módulos no entran ni dos camitas», explicó la mujer.

En tanto, algunos vecinos de Radio Estación siguen resistiendo, con la esperanza de que la justicia les dé la razón. Y aseguran que, pese al miedo, están dispuestos a encadenarse a sus casas para evitar que los desalojen. «Nosotros vamos a seguir firmes, porque lo que ellos nos ofrecen no se compara con lo que tenemos. Y por más que quisiéramos irnos, no cabemos en esa habitación. Somos familias numerosas, algunos son seis, siete integrantes, y no van a caber en esa pieza», asegura una vecina.

«Es una habitación que debe ser de tres por tres con un baño. Eso es todo -describe la mujer-. No tiene luz. Tiene agua porque llenaron el tanque, pero no tiene conexión a la red. No le alcanza la palabra ‘casa'».

Las familias que habitan el sector de la antigua estación de trenes de Tilcara, algunas desde hace más de 30 años, empezaron a sufrir las presiones y el hostigamiento judicial hace algo más de dos años. Para el gobierno provincial, es clave recuperar el lugar para poner en marcha, finalmente, el tren turístico que unirá esa localidad con Volcán. Con ese objetivo, se iniciaron causas penales contra los vecinos, a quienes acusan de usurpación, pese a que cuentan con certificados de tenencia.

‘Ganaron por cansancio’

«Hubo mucha persecución, así que nos terminaron ganando por cansancio», dice a El Submarino Radio, resignada, una de las vecinas. «Nosotros peleamos hasta lo que más pudimos, pero se ve que la justicia hizo caso omiso a las pruebas que se fueron presentando, porque todos los vecinos tenemos pruebas de que no usurpamos», agrega.

Así, cansados y asustados, algunos aceptaron finalmente firmar el convenio. La mujer explica: «Yo decido irme porque hablan de un desalojo inminente. Y si no firmo, aparte de quedarme con la causa penal, me quedo sin nada, pierdo todas mis cosas, mi casa».

A quienes aceptaron dejar sus casas, el gobierno les dio plazo hasta la semana que viene para recuperar lo que puedan, como materiales, artefactos sanitarios y aberturas. «Yo quiero hacer mi casa como yo quiera. Arreglé por el terreno y los materiales para la construcción, porque ese módulo que dan ni siquiera es una vivienda, es una pieza y un bañito. Y yo tengo tres hijos, el mayor de ocho años, y ahí no entran ni siquiera dos camas», describe la mujer.

En su caso, se plantea además una situación por lo menos curiosa: la casa que hoy habita, la misma de la que hoy la están desalojando, cuenta con planos aprobados por la Municipalidad de Tilcara. Y es con ese mismo plano aprobado con el que construirá su nueva vivienda en el terreno adjudicado.

Ella calcula que abandonar su casa y construir una nueva la perjudica en unos 40 millones de pesos, cuando el módulo que le ofrecieron -y no aceptó-, tiene un costo de apenas 3 millones.

Sin ayuda

«Nosotros vivimos acá hace más de 30 años. Ferrocarriles Argentinos nos dio el terreno», dice otra vecina, a quien llamaremos M. Cuenta que hace dos años se presentó en el barrio Emiliano Rodríguez, coordinador del proyecto del tren. «Él después nos denuncia por usurpación y despojo, diciendo que nosotros entramos a las tierras y sacamos a las personas que estaban trabajando para el ferrocarril. Pero ustedes pueden ir y constatar que acá no está trabajando la empresa, está como a un kilómetro», relata.

M. habla de la desprotección que sienten los vecinos del barrio. «Las autoridades del pueblo no quieren hacerse cargo, nadie quiere ayudarnos. Cada vez que vienen las autoridades de provincia ellos están a los besos, están del lado de ellos», dice.

«No sé si alguna vez salió tan rápido un desalojo. El año pasado nos hicieron la denuncia y ya está resuelto sin previo juicio ni nada. Vinieron unos abogados vendidos al gobierno. Todos los que vienen se arrodillan por un sueño del gobernador y nos quitan nuestra casa», reflexiona M.

La intendenta electa de Tilcara, Sonia Pérez, recibió a algunas vecinas de Radio Estación. «Le explicamos que tenemos permiso del ferrocarril para estar en las tierras, que después el gobierno de su hermano (Félix Pérez) nos dio una tenencia, y después nos dio (Ricardo) Romero, el actual intendente», refiere M.

«¿Y sabe lo que nos dijo, mirándonos a la cara? Que la tenencia es por un tiempo, que si venía el ferrocarril, ya era de ellos. Pero estas tierras son de la Nación, no son de la provincia como quieren hacer ver. A la provincia le cedieron únicamente las vías y lo que es lo del tren», afirma M.

Todos coinciden en advertir que las acciones son «extrajudiciales», porque no existen resoluciones firmes de la justicia que avalen los desalojos ni notificaciones formales a los abogados y abogadas que representan a los vecinos. Es la misma informalidad que se presenta cuando representantes del gobierno visitan el lugar supuestamente para negociar. Como ocurrió el martes pasado, cuando fue al lugar la ministra de Desarrollo Humano Alejandra Martínez con un grupo de funcionarios, visita de la que los vecinos se enteraron cuando faltaban minutos para que se fueran.

Tampoco la intendenta electa, Sonia Pérez, ofrece soluciones, aunque fuera parciales. «Ella viene a imponer que aceptemos lo que nos ofrecen y que si no, no vamos a tener nada. Y que nos sacan. Eso es todo lo que ellos dicen», dicen los vecinos. Y al intendente saliente, Ricardo Romero, ni siquiera lo vieron por el barrio.

«Se supone que este proyecto va a beneficiar a todo un pueblo. Entonces, ¿por qué no también a los que estamos viviendo acá hace más de 30 años?», señalan.

También el trabajo

Sin dudas, la vivienda es la cuestión central del complejo problema planteado en Radio Estación. Pero además están quienes, además de habitar el sector, llevan adelante allí mismo pequeños emprendimientos familiares que en algunos casos constituyen el único ingreso del hogar.

Esas actividades fueron también motivo de conflicto, porque desde el gobierno acusaron a algunas familias de estar «lucrando» con los terrenos que ocupan. «Eso no es así. Son emprendimientos de gente trabajadora que vive el día a día y ese es su sueldo. De allí sacan su sueldo», afirma una de las vecinas.

En estos casos, entonces, no solo perderían la casa donde viven sino también una fuente de sustento. Son pequeñas despensas, una ferretería, una carnicería y una sandwichería.

La parrilla del intendente

En el mismo barrio de donde están desalojando a estas familias, se está construyendo un local donde se anuncia una parrilla. Todos en el pueblo saben que pertenece al intendente Ricardo Romero, quien termina su mandato el próximo 10 de diciembre y, por lo visto, está organizando su vida para cuando abandone la gestión pública.

A diferencia de lo que ocurre con las casas de los particulares, ese terreno sí tiene conexión a la cloaca.

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