Desde la Tupac denuncian nuevas formas de presión ante la falta de pruebas contra Milagro

A partir de los operativos realizados este domingo por orden del juez Jorge Zurueta, desde la Tupac Amaru encuadraron las medidas en «una nueva embestida del gobierno provincial para profundizar el show mediático» y denunciaron que se trata de maniobras que buscan «extorsionar a familiares de detenidos y a cooperativistas» para que declaren en contra de Milagro Sala, «ante la falta de pruebas».     

Los operativos realizados por orden de Zurueta se llevaron adelante en plena feria judicial, sin que mediara la urgencia para el caso. Además, en el escrito donde se fundamentan los trámites de secuestro de vehículos se dan por ciertos hechos ilícitos que la justicia debería primero investigar.

«Desde la Tupac Amaru denunciamos que se trata de una nueva embestida del gobierno provincial para profundizar el show mediático en torno al caso de Milagro Sala y extorsionar a familiares de detenidos y cooperativistas para que denuncien a la diputada del Parlasur ante la falta de pruebas que hay en las causas», afirma el comunicado, y agrega más adelante: «Se trata de una más de las 60 causas que el contador pergeñó contra la dirigente social y la Tupac Amaru antes de iniciar su mandato y en el que, sin ser juez, los condenó sin juicio previo.

El comunicado llama la atención sobre la urgencia con la que se ordenaron estos trámites, en medio de la feria judicial y un domingo por la mañana, lo que hace inevitable relacionarlos con la publicación en el diario Página/12 de Buenos Aires de un informe donde se da cuenta de los fondos que recibió por parte del gobierno de la provincia René «Cochinillo» Arellano, el único testigo de cargo en contra de Milagro Sala en el juicio por los huevazos, y que la defensa demostró que mintió sistemáticamente durante todo el proceso.

«Ante la falta de pruebas contra Milagro Sala, buscan con estos operativos intimidar a las familias de los otros detenidos y cooperativistas con el fin que declaren contra Milagro Sala», expresó Alejandro Garfagnini, coordinador nacional de la organización barrial.

Analizó luego que «es muy claro el planteo que redactó la fiscalía respecto a la organización social: dictada por Gerardo Morales, según la resolución, la Tupac Amaru y el cooperativismo constituye una asociación ilícita», pero agregó: «La única asociación ilícita en la provincia es la del partido gobernante: funcionarios del Poder Ejecutivo, familiares varios de ellos del contador, junto a jueces y fiscales que son la mano ejecutora puestos todos de acuerdo para detener a los opositores políticos».

Paula Álvarez Carreras, integrante del equipo de defensa de Milagro Sala, indicó que este operativo se produjo en medio de la feria judicial sin mediar los requisitos de urgencia para ello, y estimó que «parece una medida de prueba más bien ligada a la causa madre que investiga los fondos para construir viviendas».

La letrada mencionó que el juez Zurueta hizo alusión en el escrito de diez carillas a dos expedientes, que en realidad son los de la causa conocida como «Pibes Villeros», la causa de los 29 millones que usa Gerardo Morales como latiguillo constante contra la dirigente social, y recordó que esa causa concluyó la etapa de prueba y la fiscalía la semana pasada pidió la elevación a juicio oral, a lo que las defensas están respondiendo en el dia de hoy.

«La mención de ese expediente en el secuestro de los autos da cuenta de que esto empezó a investigarse en el marco de aquella causa principal, y eso significa que aunque se abrió con información de la primera causa, ahora parece entrar en una causa diferente; cuando en realidad debería ser una medida de prueba de la principal», explicó, y continuó: «Por eso creemos que todo esto busca mostrar cómo se profundiza la persecución sobre los familiares por el origen de los fondos, o ahora por cómo adquirieron autos de alta gama, tal vez en la búsqueda de generar elementos de prueba que no pudieron conseguir en la causa principal».

En ese marco, Álvarez Carreras entiende que «estos operativos constituyen nuevas formas de presionar a Milagro y a la organización, ahora a través del hostigamiento sobre los familiares».

Por su parte Ariel Ruarte, diputado provincial del FUyO y también abogado de Milagro Sala, coincidió: «Esto es parte del show que busca mostrar a la Tupac como corrupta. Una persecución contra familiares para presionarlos y extorsionarlos». 

A su vez, la defensa sostiene que en su escrito Zurueta condena a Milagro Sala previo a la investigación, pues asegura que la dirigente social es la «jefa suprema» de la Organización Barrial Tupac Amaru y que conformó «una asociación delictiva destinada a perpetrar sistemática y metódicamente fraudes a la administración pública de proporciones millonarias».

Zurueta tiene dos causas abiertas por abuso de autoridad, tratos crueles y tormentos sobre presos detenidos en la Brigada de Investigaciones.