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Por Gabriel Rocca*. El gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de presupuesto para el año 2027 con una propuesta de recursos para las universidades nacionales que no hace más que consolidar el feroz ajuste que viene llevando a cabo desde su asunción. Los fondos no contemplan la aplicación de la ley de financiamiento aprobada por el Poder Legislativo y ratificada por el Poder Judicial. Además, el monto previsto es sensiblemente inferior al solicitado por el CIN para que las casas de altos estudios puedan funcionar con normalidad.
No importan las leyes, no importan los fallos judiciales, tampoco importan las repetidas manifestaciones de estudiantes, docentes y no docentes en defensa de la educación pública ni el amplio apoyo social que reúne esta causa. Nada parece constituir un obstáculo para el gobierno libertario en su cruzada contra las universidades nacionales llevada a cabo con un entusiasmo digno de mejores causas, desde que asumió en diciembre de 2023.
En esta oportunidad, este objetivo aparentemente irrenunciable se ve plasmado en el proyecto de presupuesto 2027 enviado, el 15 de septiembre, por el Poder Ejecutivo al Congreso para su tratamiento.
En una primera mirada, la iniciativa contempla para el sector universitario una suma de alrededor de 7,3 billones de pesos para todo el próximo año. Ese monto es más de un 30% inferior a los 11 billones de pesos solicitados por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) para poder funcionar sin complicaciones. Y, por supuesto, deja en claro la intención del gobierno de no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, ni con los fallos judiciales que lo intiman a ejecutarla.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un documento en el que analiza los números del proyecto de presupuesto para el sector universitario y describe su evolución a lo largo de todo el período del gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con el informe, el proyecto para 2027 prevé un leve crecimiento en términos reales de 0,3% en comparación con el crédito vigente para 2026 (actualizado a valores constantes para 2027). Sin embargo, consolida el ajuste sobre las universidades nacionales dado que se ubica 25,2% por debajo, en términos reales, de los niveles registrados en 2023.
De acuerdo con los economistas del CEPA, si se aplicara la ley de financiamiento vigente, el presupuesto para el próximo año en lugar alcanzar apenas los 7,5 billones de pesos, debería ascender a 9,74 billones, con lo cual los recursos necesarios para cumplir con la norma superarían en un 29,8% los fondos asignados en la iniciativa.
Un punto interesante sobre el que llama la atención el trabajo, es que la asignación presupuestaria del 2027 en su Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” incluye 851.558 millones de pesos en concepto de Fortalecimiento de Recursos Humanos que se encuentra “bajo la línea”, por lo cual, su ejecución se encuentra al arbitrio de la Secretaria de Educación. Es decir, que este monto podría o no hacerse efectivo.
A su vez, otro informe elaborado por el Grupo EPC (Economía, Política y Ciencia) calculó el devenir de la inversión en universidades nacionales desde 2023 hasta la actualidad en relación con el PBI. Desde este punto de vista, se registró una brusca caída dado que pasó del 0,712% del PBI 2023, al 0,541% en 2026. De aprobarse sin modificaciones el presupuesto elevado por el gobierno, se proyecta que el derrumbe se profundizará hasta alcanzar el 0,514%.
Luego, el documento del EPC se sitúa desde una perspectiva más extensa, para lo cual toma 2015 como año base para analizar lo ocurrido con el presupuesto universitario en los años siguientes. En este caso se observa una caída de 19,3 puntos durante el período 2016/2019 (gobierno de Mauricio Macri). Posteriormente, entre 2019 y 2023 (Alberto Fernández) ocurre una leve recuperación que alcanza a recortar pérdidas pero no regresa a los niveles de 2015. Finalmente, para el período 2023/2026, y tomando los fondos proyectados para el 2027 la inversión universitaria cae por un tobogán que la depositan 32,2 punto reales por debajo de 2015 y 21,2 puntos debajo de 2023.
Trabajadores universitarios pobres
Los investigadores del EPC también examinan la evolución de la masa salarial universitaria (que incluye tanto de la variación de los salarios reales como del nivel total de empleo en el sector) y concluyen que la misma caerá casi 20 puntos entre 2023 y 2027. De acuerdo con el trabajo, el impacto más violento se dio durante 2024, cuando el ítem perdió el 21,5% en términos reales. En 2026 se observa una mejora real del 4,8% debido a los acuerdos paritarios forzados durante este año (el más importante fue firmado en el mes de junio e incluyó un aumento del 24,33%). De confirmarse lo previsto en el presupuesto 2027, la masa salarial del sector tendrá una variación positiva de apenas el 0,1%, lo que deja clara la decisión del gobierno de seguir incumpliendo con la Ley de Financiamiento Universitario.
El estudio del CEPA, a su vez, analizó el deterioro de los salarios universitarios en los últimos tres años. Según calculan los economistas, hasta agosto de 2026 el poder adquisitivo de los trabajadores docentes y no docentes permanece 25,0% por debajo del nivel de noviembre de 2023.
De acuerdo con el informe, La mayor parte de esa caída se concentró en los primeros ocho meses de gestión (diciembre de 2023 a julio de 2024), cuando se observó una reducción de 23,1% en
términos reales respecto de noviembre de 2023. Tomando ese mes como base, el salario real se redujo 24,4% en 2024 y 10,1% en 2025, acumulando así una caída total de 32,1% hasta diciembre de 2025. Finalmente, en los primeros ocho meses de 2026 se observó un rebote real de 10,3%: hasta agosto los salarios docentes y no docentes crecieron 33,8% mientras que el IPC creció en 21,3%.
Posteriormente el trabajo toma los valores de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) correspondientes a un Hogar Tipo 2 (integrado por dos adultos y dos menores), que para agosto suman 1.605.497 pesos y 726.469 pesos respectivamente y que son los ingresos calculados por el INDEC para definir la pobreza y la indigencia, y los compara con los salarios básicos brutos (sin antigüedad) de docentes y no docentes.
El resultado, en el caso de los docentes, es que solo las categorías de Profesor Titular y Profesor asociado están por encima de la línea de la pobreza. Todo el resto de las categorías docentes con dedicación exclusiva (Profesor Adjunto, Jefe de Trabajos Prácticos y Ayudante de Primera) perciben remuneraciones que están por debajo del costo de la canasta total.
Para el personal no docente, solo las tres categorías superiores (de las siete existentes) cuentan con ingresos que superan la CBT. El resto de los tramos se encuentran bajo la línea de pobreza.
En este escenario desolador para las trabajadoras y trabajadores universitarios, el gobierno se niega a cumplir con una ley votada en cinco oportunidades por el Congreso Nacional y ratificada en todas las instancias judiciales. No lo hace, incluso, faltando a su propio compromiso público: a fines de junio en un canal de noticias el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, frente a una pregunta concreta del presidente del CIN, Franco Bartolacci, aseguró que si la Corte Suprema de Justicia fallaba a favor del reclamo de las universidades, el gobierno cumpliría con la ley. Sin embargo, no lo hicieron.
En los últimos días, el juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick dictó una resolución en la que intimó al Poder Ejecutivo a que en un plazo de 5 días cumpla en su totalidad con la medida cautelar que ordena aplicar los artículos de la Ley de Financiamiento referidos a la recomposición salarial de docentes y no docentes y becas estudiantiles. En el caso de no hacerlo, el magistrado podrá imponer multas por cada día de demora. El gobierno dejó trascender que apelará la medida, mientras decidió unilateralmente otorgar una aumente de solo el 3% sobre los salarios de septiembre.
Frente a esta situación, gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales de todo el país lanzaron un plan de lucha que incluye un conjunto de acciones de visibilización, medidas de fuerza y paros que se irán sucediendo para confluir, el jueves 15 de octubre, en una nueva marcha nacional universitaria que reforzará la consigna que nació hace ya casi un año: “Sin ley no se puede”.
* En Nexciencia
