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Por Luciana Bertoia, en Página/12. El operativo de la calle Corro 105 del 29 de septiembre de 1976 fue descomunal. Tanto que se incendió una casa de la manzana. El Ejército, la Policía Federal y la Gendarmería cercaron a un grupo de militantes de Montoneros que estaba reunidos en esa casa del barrio de Villa Luro. Cinco murieron –entre ellos, María Victoria “Vicki” Walsh, la hija del periodista Rodolfo Walsh– y cuatro fueron secuestrados y llevados a centros clandestinos de detención. Por estos hechos, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención de diez militares que intervinieron. Nueve fueron detenidos por la sección Fugitivos de Interpol de la Policía Federal y el décimo, que no estaba en su casa al momento del allanamiento, se presentó esta mañana en la dependencia policial.
Rafecas dispuso la detención de diez militares que cumplieron funciones en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 101 y que fueron individualizados después de analizar sus legajos en el Ejército Argentino y a la luz de lo que testimoniaron los sobrevivientes, familiares de las víctimas y conscriptos.
Las detenciones se realizaron a partir de las 6 de la mañana de este martes, según pudo saber Página/12. Hacía un mes que la sección Fugitivos de Interpol venía trabajando en determinar los domicilios de los militares retirados.
Héctor Eduardo Godoy, Gustavo Gilberto Tadeo, Danilo Antonio González, Abel Enrique Re, Carlos Alberto Orihuela, Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Hugo Eduardo Pochón, Guillermo César Viola y Domingo Armando Giordano serán indagados el miércoles 15 por Rafecas, quien deberá en un plazo de diez días resolver si los procesa. El juez dispuso que sean alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
En el operativo de la calle Corro, las fuerzas conjuntas asesinaron a cuatro militantes: Alberto José Molina Benuzzi, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel. “Vicki” Walsh se quitó la vida cuando no tenía otra opción más que la muerte frente al operativo brutal que habían desplegado las fuerzas conjuntas.
“Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino –escribió Rodolfo Walsh en una carta a sus amigos después de enterarse de la muerte de su hija de 26 años–. La respuesta brota desde lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan. Vicki pudo elegir otros caminos que eran distintos sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros, y esos otros son millones. Su muerte sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo y soy quien renace de ella”.
Las fuerzas de tareas se llevaron también a Lucy Matilde Gómez de Mainer, Juan Cristóbal Mainer, Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle, según reconstruyó la investigación del juzgado de Rafecas –que estuvo en manos de la secretaria Albertina Caron–. En ese juzgado está radicada la instrucción de la megacausa en la que se investigan los crímenes bajo jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
Los militares deberán responder por los homicidios agravados de Molina Benuzzi, Salame, Coronel y Bertrán; por la tentativa de homicidio de «Vicki», y por los secuestros de los otros cuatro militantes.
Según relata Walsh en su carta, el 28 de septiembre de 1976, «Vicki» cumplía 26 años y no encontró con quien dejar a su hijita, Victoria María Costa, y la llevó con ella a la casa de la calle Corro, donde se reuniría la Secretaría Política de Montoneros. La niñita fue testigo de la masacre y después devuelta a la familia.
La abogada Myriam Bregman, que representa junto a Matías Aufieri a Patricia Walsh –hermana de Vicki– y a Lucía Coronel –hija de José Carlos–, sostiene que el Batallón de Inteligencia 601 también tuvo intervención ese día en la calle Corro. En la causa sí figuran las fichas que la Dirección de Antecedentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se había hecho de los militantes que estaban en la casa de la calle Corro.
«Uno de los aspectos que más nos conmueve de esta causa es que los diez detenidos se encontraban en libertad, en sus casas, sin causas previas», dice Bregman a este diario. «Son diez genocidas impunes durante 45 años, que desde hoy están en prisión. Uno de ellos, Guillermo Viola, fue ascendido a coronel durante la presidencia de Fernando de la Rúa y la Alianza. Tras la nulidad de las leyes de impunidad impulsada por la entonces diputada Patricia Walsh, y la lucha de familiares y organismos, Viola promovió la Unión de Promociones del Ejército y los actos en Plaza San Martín de reivindicación del genocidio», añade.
La Unión de Promociones se creó en mayo de 2005, en la víspera de lo que sería el fallo Simón de la Corte Suprema de Justicia –que declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida–. Su primer documento se publicó en septiembre de ese año y reconocía que su preocupación central pasaba por los presos por lo que ellos denominaban la «GCT» (guerra contra el terrorismo). Durante estos años, Viola se dedicó a informar las detenciones de sus compañeros de armas y las muertes de los represores que cumplían alguna modalidad de arresto.
