Destacamos

El decreto inmoral

Por Alejandra Cejas (Diputada pcial. Frente de Todos-PJ). El gobernador Morales es Dios o su enviado a la tierra, es Rey o Emperador; firmó un decreto donde actúa como jefe del poder ejecutivo, legislador y juez o sea la suma del poder público, ya que ejecuta, legisla y juzga. Me rectifico “cree que es Dios”. Solicita la suma del poder público, que es inconstitucional, ya que no se puede delegar funciones u otorgar facultades extraordinarias. Es un delito, desde la primera letra hasta el último punto. Veamos el decreto en cuestión.

En el Boletín Oficial del 31 de agosto del presente año, se publicó el Decreto N°1444-S/2020 en Acuerdo General de Ministros, o sea el gobernador y sus 11 asesores de más alto rango, que se conocen como ministros, donde inicia la habitual fundamentación referida a la seguridad y salud de los jujeños en tiempos de Covid-19.

Llama la atención que se exprese que en 100 días no hubo casos de Covid-19, algo que es falso y que además contradice los eternos programas televisivos, porque si bien hasta el 17 de junio hubo 5 o 6 casos, luego exploto de manera comunitaria.

El texto considera que es imprescindible contar con personal de salud en la provincia para hacer frente a la pandemia, por ello establece un régimen sancionatorio para el personal de la salud que sea renuente a la convocatoria de la autoridad sanitaria.

Dice el gobernador y sus ministros que el “personal del sector público y/o privado, que integrando o afectado al sistema de salud público de la provincia, cualquiera sea la situación de revista o el lugar donde cumpla funciones, que incurriere en Incumplimiento a intimaciones, requerimientos, disposiciones de autoridad competente, que derive en falta de concurrencia, falta de prestación efectiva de servicio en el destino asignado, todo conforme a necesidad o urgencia. Será punible a multas de $ 40.000 hasta $ 1.000.000, Arresto, Inhabilitación, Accesorias; todas estas penas, conforme al Título IV del Código Penal y Código Contravencional, y el cobro se efectuará por la ley de apremio N°2.501. El ministro de Salud es la autoridad de aplicación”.

La verdad un catálogo risible e irracional, que genera muchas preguntas ya que los firmantes, son peligrosos ya que son profesionales en el derecho algunos. Esto hace que el primer interrogante gire en torno a si el Colegio de Abogados de Jujuy se expedirá o algún fiscal actuará de oficio declarando la ilegitimidad de un acto administrativo, que es formalmente válido, pero intrínsecamente ilegal.

Lo enunciado bajo la forma de un decreto, es una violación básica a derechos humanos, derecho penal, derecho laboral, derecho constitucional, leyes provinciales y cualquier norma ajustada a derecho que exista. En este sentido si no actuamos, van a aplicar este “papel” que plasma el tipo de mentalidad que gobierna Jujuy.

En Jujuy tenemos convenios, leyes que rigen la relación laboral pública y privada, así la primera pregunta a Gerardo Morales, sus ministros firmantes y los cientos de abogados que tienen diseminados en la administración pública, del ejecutivo, legislativo y todo el judicial es ¿Cuál es el artículo del código penal que establece la pena de arresto o inhabilitación por faltar al trabajo o no cumplir directivas de un funcionario provincial ?.

De aplicarse este decreto, significaría reconocer la existencia del trabajo esclavo, que es aquel que se realiza con el uso de coacción o cercenamiento de la libertad o bajo amenaza armada o por confiscación de sus documentos que impidan su movilidad. Figura tan cercana a las patronales agropecuarias, mineras o textiles. Si les suena familiar es porque Jujuy está vinculada al trabajo esclavo, denunciado por los trabajadores de distintos rubros. Ahora es el estado provincial, quien lo aplica y si pasa…pasa.

Llama la atención el silencio del Colegio de Abogados, que vienen apoyando la degradación del estado de derecho de Jujuy y de la salud de la población, con un acompañamiento vergonzoso. Colegio cooptado por las estructuras radicales, sin capacidad de autocrítica.

El estado moderno de derecho erradicó las prácticas compulsivas para compeler a los trabajadores a cumplir con su trabajo u obligaciones. Las representaciones profesionales deberían saberlo.

Desde que el gobierno de Jujuy, con Mario Fiad como Ministro de Salud de Jujuy, firmaron el CUS (Cobertura Universal de la Salud) el 04 de Noviembre de 2016, con el representante del Ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein. Así implementaron un sistema privatista de la salud, donde se privilegia al sector privado de la salud, por arriba de la salud pública y universal. La punta de lanza fue endilgar a los extranjeros la saturación del sistema, mientras en Jujuy se importaba el modelo privatista chileno de la salud y médicos venezolanos.

Los recursos, escasos de salud, más la billetera del Instituto de Seguros de Jujuy, robustecieron al sector privado de salud, que contó con ayuda provincial, en desmedro del sistema público, que quedo diezmado, con una planta aproximada de 1.300 médicos, sin reemplazos, con sueldos deprimidos y sin perspectivas de mejoras. Idéntica situación se da para enfermeros, auxiliares y equipos de salud en general de la provincia de Jujuy.

El desenlace final y en medio de la pandemia del Covid-19, es el alto índice de contagios, equipos añosos, con enfermedades o condiciones que no recomiendan el trabajo en territorio y la falta de incentivos para arriesgar la vida.

Así el decreto firmado por Gerardo Morales, habla del absoluto desconocimiento del derecho, porque imponer multas a un trabajador de la salud de Jujuy, le llevaría 24 meses de sueldo entero pagar ese millón de pesos, promedio. Algunos más otros menos.

El arresto o la inhabilitación que plantean como accesorias, son penas que están reservadas a la autoridad judicial, legisladas por el Congreso Nacional. Excepcionalmente se fijaron a través del código Contravencional, penas que implican restricción de la libertad personal y ambulatoria. Tema que está con pedido de revisión por ser manifiestamente ilegal, desde que la aplicación generó un desvío de poder, donde el Poder Ejecutivo cuya cabeza es Gerardo Morales a través del Juez Contravencional, actúa como poder judicial, generando un desvío de poder, antidemocrático y que violenta el peso y contrapeso de los poderes.

El artículo 7° de la Constitución de la Provincia, expresa que no se puede delegar funciones y otorgar facultades extraordinarias, sea magistrado, funcionario o empleado público, conminando con la nulidad constitucional, responsabilizando a los firmantes, las que la pidan, delegantes o concedentes. Responsabiliza también a las asociaciones de profesionales, que ejercen el control y la legalidad.

Si esto no fuera suficiente el artículo 29° de la constitución nacional, niega la facultad al congreso o legislaturas provinciales, conceder al presidente o gobernadores, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de los gobiernos. Es decir, vivimos en democracia y no un pueblo con Rey o Emperador, la división de poderes constitucional funciona para evitar vivir en el Siglo XIX o anteriores.

Jujuy, su gobierno, sus funcionarios ejecutivos, todos, acaban de ratificar el mundo feudal en el que nos encontramos. Un pueblo en soledad, con déspotas en el poder. Con ignorantes del derecho en el poder, los mismos que juraron sobre la constitución cumplirla y hacerla cumplir. Otro acto que demuestra que vivimos fuera del estado de derecho, en la inconstitucionalidad, ilegalidad e inmoralidad.

¿Qué opinás?

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

x

Check Also

Piden adhesión a las leyes de teleasistencia y receta digital

La diputada provincial del Frente de Todos PJ, Alejandra Cejas, ha presentado un proyecto de ley para promover la adhesión de ...