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Las elecciones para el Consejo de la Magistratura entre jueces, abogados y académicos reformularon el mapa político del organismo y abrieron una nueva etapa en la que la clave será bajar la enorme vacancia en los juzgados federales y nacionales.
En términos generales triunfaron las listas más identificadas con la oposición. Si bien entre los abogados perdió una banca, logró retener su lugar Alberto Lugones, impugnado y con su candidatura judicializada.
Lugones, camarista penal en los juzgados de San Martín, resistió los intentos del candidato de Compromiso Judicial, Eduardo Machín, para dejarlo afuera sosteniendo que el expresidente del Consejo se presentaba a la reelección, una posibilidad vedada para los consejeros.
Tanto la jueza con competencia electoral, María Servini, como la Cámara Nacional Electoral, rechazaron el planteo de Machín por considerar que se trataba de un nuevo organismo, con una integración distinta, y porque la impugnación había sido presentada fuera de plazo. Machín insistió con un per saltum ante la Corte que el máximo tribunal no trató todavía y parece difícil que vaya a tomar en un reclamo que ya quedó abstracto.
Sobre un padrón de 2700 magistrados habilitados para votar, la Lista Bordó, encabezada por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña, quedó primera con 286 votos, seguida por la Lista Celeste, de Lugones, con 230. Cerrando se colocó la lista de Machín, Compromiso Judicial, con 163 votos.
Con este resultado, la representación de los jueces conserva el color político que traía: dos consejeros alineados con la oposición – Barroetaveña y la actual consejera, la civilista Agustina Díaz Cordero-; uno con el oficialismo, Lugones, y un independiente, la jueza penal María Alejandra Provítola.
Donde sí hubo cambios fue en la representación de los abogados, con un universo de votantes que ronda los 160 mil electores, que consiguió una asistencia de 36 mil, más del doble de la elección de abril pasado.
«Movieron todo lo que tenían», reconoce una fuente del Consejo con cierto respeto por la militancia de la coalición opositora, pero relativizando el triunfo porque perdieron una banca a manos de Héctor Recalde.
El veterano laboralista, curtido en mil batallas políticas en el Congreso y en la Justicia, ya anticipó que su gestión será incisiva cuando festejó en las redes que «el bloque de consejeros que avaló el Lawfare, la persecución y el espionaje hoy perdió una banca».
Pero más allá de los lances y arrestos entre oficialismo y oposición, el verdadero dato político de la elección lo deja el sub bloque que consiguió el decano de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea.
Si bien el mismo Molea dejará el Consejo en noviembre, quedarán dos representantes académicos que fueron electos con su apoyo, Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit, y Fernanda Vázquez, quien logró colarse en la elección de los abogados.
Así, el «moleismo» tendrá tres representantes que serán claves para dirimir las pulseadas entre oficialismo y oposición, en esta nueva etapa. La intención de todos los sectores será agilizar el nombramiento de jueces, pero la agenda política nacional se instalará en las discusiones de los consejeros, mucho más en un año electoral como será 2023.
Desde que en diciembre pasado la Corte declaró inconstitucional el «equilibrio» entre técnicos y políticos en el organismo, el Consejo entró en una etapa muy permeada por la disputa electoral y en la que apenas consiguieron elevar un puñado de ternas al Poder Ejecutivo.
En un sistema de justicia con una vacancia promedio de jueces del 30 por ciento, que en algunos distritos puede llegar al 50, el objetivo del Consejo de la Magistratura está claro en lo teórico, pero esa voluntad, que comparten todos los sectores, no se traduce en la aprobación de ternas.
El Consejo que terminará su ciclo el mes que viene, aún con la presidencia del titular de la Corte, Horacio Rosatti, no logró dinamizar el funcionamiento interno y fracasó en el objetivo de encontrar candidatos para ocupar tres juzgados federales en Comodoro Py y los reemplazos de los jueces de traslado, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Por Felipe Celesia, en Télam
