El Estado neuquino asume su responsabilidad en el caso Rosales

El Estado provincial de Neuquén reconoció este miércoles su responsabilidad en la violación de los derechos humanos de Ivana Rosales y sus hijas Abril y Mayka. Las tres fueron víctimas de la violencia machista ejercida por Mario Garoglio, pero luego sufrieron los maltratos del Estado al no obtener justicia.

El acuerdo firmado entre el gobierno neuquino y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) estipula la obligación del Estado de ejecutar políticas públicas de prevención y atención a las víctimas de violencia de género. Esto se produce dos años después de la muerte  de Ivana Rosales, que sobrevivió a dos intentos de femicidios que quedaron impunes.

La firma del acuerdo se llevó adelante en la Casa de Gobierno de Neuquén con la presencia de autoridades provinciales y del CELS en representación de Abril Rosales, hija de Ivana, como una “solución amistosa” a la que se llega 14 años después de que su madre interpusiera una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El de Rosales fue el primer caso por violencia de género ocurrido en la Argentina que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal como ya consignara este diario.

Edurne Cárdenas, abogada del CELS, dijo que “es mucha emoción, sobre todo porque el viernes se cumplieron dos años del fallecimiento de Ivana, y es un pequeño modo de homenajear su memoria y la gran lucha que Abril, su hija, decidió continuar”. “Este es un primer paso en un caso que sigue porque con la Nación todavía no hay un acuerdo firmado, pero sí hay que celebrar que la provincia de Neuquén reconoce su responsabilidad por las violaciones sufridas por Ivana y Abril, y que por eso se compromete”, destacó.

Asimismo, se manifestó conforme con que “el Estado provincial se compromete con medidas que vienen siendo demandadas y reclamadas por el movimiento de mujeres, que es muy activo en Neuquén, y los compromisos que hoy asume son el reflejo de esos reclamos”.

Entre las medidas que incluye el acuerdo firmado, Cárdenas mencionó “la construcción de un hogar de protección integral, la participación de manera eficiente en el Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres, el patrocinio jurídico gratuito de calidad y especializado, y el cumplimiento y la aplicación de la Ley Micaela”, entre otras.

El 18 de abril 2002 Ivana se sentó en un café de la ciudad de Neuquén con su marido y le planteó que quería separarse. En el viaje de regreso (la familia vivía en Plottier, a 25 km), él se desvió del camino, le pasó un alambre alrededor del cuello y apretó hasta que ella se desmayó. Creyéndola muerta, la metió en el baúl del auto y siguió viaje. Cuando Ivana se recuperó del desmayo, empezó a gritar y Garoglio detuvo el auto, agarró una piedra y le machacó la cabeza. Quiso escapar y enterrarla en un descampado pero un vecino lo vio y llamó a la policía. Él se entregó. “Soy Mario Garoglio, golpeé a mi mujer y creo que se me fue la mano”, dijo. La policía llegó a encontrar con vida a Rosales, que estuvo ingresada en el hospital durante 45 días.

El fiscal del caso, Eduardo Velazco Copello, imputó a Garoglio por homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa, puesto que “que el accionar de Garoglio estaba dirigido en forma unívoca a causar la muerte de Rosales”, pero con posterioridad solicitó un atenuante en favor del acusado por razones extraordinarias (y machistas): Garoglio afirmaba que Ivana le había sido infiel (“Yo hice lo posible por mejorar la vida humana de una persona. Fallé. Y encima me hizo cornudo”, declaró en el juicio Mario Garoglio). Velazco Copello insistió en que Rosales “no fue una buena madre, ni una buena esposa” y los jueces neuquinos Emilio Castro, José Andrada y Eduardo Badano aceptaron atenuar su pena.

El femicida fue condenado a cinco años de prisión por homicidio agravado en grado de tentativa, pero nunca cumplió la sentencia. Se fugó y abusó de sus dos hijas: Mayka y Abril. La Justicia las obligaba a encontrarse con su progenitor. Por este hecho fue condenado otra vez a cuatro años de prisión que no cumplió. Mayka se suicidó en 2015, cuando ya era una adolescente.

“Los jueces Emilio E. Castro, José V. Andrada y Eduardo J. Badano y el fiscal Eduardo Velazco Copello sometieron a Ivana Rosales a un proceso que lejos de haberle garantizado justicia por ser víctima de un caso de violencia de género, la revictimizó a través de actuaciones y decisiones discriminatorias y estereotipadas que minimizaron y justificaron hechos que casi le cuestan la vida”, afirmó el CELS.

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