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Diputados y diputadas provinciales del bloque del Frente de Todos-Partido Justicialista elaboraron un proyecto de ley para declarar la emergencia tarifaria en los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, gas y transporte. En el marco de la presentación de la iniciativa, se reunieron en la Legislatura con concejales de esa fuerza política de toda la provincia.
La iniciativa propone que se declare «el Estado de Emergencia Tarifaria de los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, gas y transporte público urbano de pasajeros de corta, media y larga distancia en todo el territorio provincial por el término de doce (12) meses”.
En rigor, la propuesta es que se prohíba cualquier aumento de los servicios públicos por el término de seis meses, con retroactividad al 1° de agosto de 2019, «dejándose sin efecto toda normativa que mediante Decreto o Resolución hayan aumentado las tarifas de los servicios mencionados en la presente Ley.”
El proyecto lleva la firma del vicepresidente 2° del Poder Legislativo e integrante del bloque peronista, Rubén Rivarola, del presidente del bloque Frente de Todos- Partido Justicialista, Pedro Belizán y de los legisladores Alejandra Cejas, Mariela Ferreyra, Fátima Tisera, Emanuel Martín Palmieri, Leila Chaher, Liliana Fellner, Alejandro Snopek y Débora Juárez Orieta, entre otros.
El anuncio surge luego de que este jueves realizaran una protesta distintas organizaciones sociales y sindicatos en las inmediaciones de la sede de la Empresa Jujeña de Energía (Ejesa), para reclamar por el tarifazo en el servicio público de luz. También hubo reclamos masivos en La Quiaca, San Pedro de Jujuy y Libertador.
El proyecto se elaboró “en consonancia con las políticas nacionales y lo establecido en el Título III de la Ley Nacional N° 27541 ‘de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública”. En este contexto,
Por otro lado, pide que el Poder Ejecutivo realice un estudio de costos «con revisión tarifaria integral» con el objetivo de ir reduciendo la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias. Ese estudio de costos deberá ser enviado a la Legislatura «para su consideración, revisión y modificación de los cuadros tarifarios”.
Además la iniciativa pretender «ilegal los aumentos del concepto FOPEJ autorizados por la Susepu y la Secretaría de Energía de la Provincia, y cualquier otro incremento que no haya sido puesto a consulta pública por los mecanismos constitucionales», en referencia a las consultas y audiencias públicas previstas por la normativa vigente.
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